Señala Departamento de Estado: el país sufre de corrupción

No sorprende, tristemente, que El Salvador haya sido señalado en el último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos como un país que sufre altos niveles de corrupción, lo que se complementa con las declaraciones de la embajadora Jean Manes, de la necesidad de combatir la corrupción a través de entidades similares a la CICIG que funciona en Guatemala.

La corrupción presenta dos facetas, “las dos caras de la misma moneda”: la de funcionarios y allegados al partido en el poder, los enriquecidos ilícitamente (lo que antes se denominaban ladrones) y lo que puede calificarse como corrupción institucional, el uso de entidades y competencias públicas para favorecer movidas y perseguir a opositores.

Por una parte y a guisa de ejemplo, casos dignos de investigarse en esa línea son los de funcionarios y exfuncionarios que no logran justificar sus patrimonios y recurren a toda clase de argucias para justificarse; por la otra, la ocupación de la principal vía de San Salvador para uso exclusivo de un negocio privado, negocio en que a todas luces están bien comprometidos los rojos.

Enriquecimiento ilícito es usar fondos públicos para viajes suntuosos que no dejan nada al país (los cincuenta periplos de un diputado); corrupción institucional es usar la judicatura para perseguir a opositores, pagar con fondos públicos campañas favorables al gobierno de turno o usar resoluciones fiscales para emprenderla contra sus opositores.

El enriquecido ilícitamente (el ladrón, de acuerdo con la vieja etimología) se ampara en funcionarios para perpetrar sus fechorías, los que “pierden” expedientes o montan maniobras para descalificar investigaciones o justificar un enriquecimiento ilícito. Perder o destruir documentos públicos es delito grave, aunque falta por verse si se forma causa judicial por ello.

Al mismo tiempo que en Economía se “pierden” documentos, CAPRES dice no encontrar información sobre los viajes de Funes.

El proceder de varios magistrados es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar para retrasar o frustrar un fallo adverso inminente contra un acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

 El intento de la Asamblea Legislativa de poner en vigencia una ley de protección a los corruptos es otro ejemplo de lo que señalamos.

Por donde se mira y busca, allí andan los corruptos

Corrupción es un cáncer que se manifiesta en múltiples tumores y llagas en una sociedad;
corrupción es conceder a dedo espacios “prime”, privilegiados, en el aeropuerto a unos y mantener en vilo al resto;
corrupción es sacar de sus empleos a buen personal para colocar parentelas y militantes;
corrupción es mantener un colosal desorden en la ciudad en beneficio de un monopolio privado;
corrupción es adecuar con presupuestos públicos un aeropuerto militar, para uso de líneas que nadie sabe de dónde salieron;
corrupción es cambiar de un día a otro recorridos de líneas de pasajeros para desesperar a los transportistas con la intención de sacarlos de la industria;
corrupción es pactar convenios con pandilleros con fines electorales;
corrupción es nombrar incapaces en cargos importantes de la administración pública para darles un salario, “ponerlos donde hay”;
corrupción, de la más perniciosa, es usar el sistema judicial de un país para agredir a opositores y machacarlos;
corrupción es negarse a dar cuenta del uso de presupuestos y préstamos y usar como su caja chica los dineros públicos, un patrimonio del pueblo, no de ellos.