Sociedad civil plantea pasos para un nuevo pacto contra la corrupción

El acuerdo contará con aportes de la academia, partidos, organizaciones y periodistas.

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Por Eugenia Velásquez

20 March 2018

En El Salvador hay leyes que tienen la intención de combatir el flagelo de la corrupción, pero falta que se apliquen y que la clase política deje de ser “cómplice” de “actos ilegítimos y obstaculice los procesos de investigación” en los entes contralores de las finanzas del Estado.

Lo anterior es una de las principales conclusiones del primer hervor de un documento que recoge los consensos y disensos de diferentes sectores de la sociedad sobre la lucha contra la corrupción.

El documento fue presentado ayer por los miembros del proyecto “Plataformas de Diálogo Anticorrupción” que servirán para construir el Acuerdo Nacional Anticorrupción, con el apoyo del Proyecto “Pro-Integridad Pública”, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Para esto se realizaron desde noviembre varias jornadas de diálogo e intercambio de aportes, críticas y propuestas.

Se prevé que el informe final esté listo a inicios del próximo año.

En el proyecto participan los sectores de la academia, organizaciones sociales, partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, tanques de pensamiento, gremiales empresariales, generadores de opinión pública y periodistas, entre otros.

Entre los planteamientos del primer documento de tres plataformas más que se desarrollarán en diez meses, figura la necesidad de crear un observatorio ciudadano para que los salvadoreños denuncien actos de corrupción y que éstos sean llevados a la justicia como corresponde, sin ninguna opacidad ni intervención de políticos o de complicidad del sector justicia.

Además plantea que existe una sensible debilidad institucional “exacerbada por la politización de las entidades de denuncia, investigación y castigo”, y que esto se convierte en una causal de la “incapacidad manifiesta de los entes públicos que dejan de servir en función de los intereses del país para beneficiar a funcionarios públicos”.

Experiencia chilena

Para darle realce al foro fue invitado Rodrigo Mora, exsecretario de Probidad y Transparencia de Chile, quien pronunció una exposición magistral sobre los avances y retos que tiene su gobierno en el combate de la corrupción.

Mora informó que en Chile se han modificado muchos aspectos; por ejemplo, citó que si se confirma que un político logra un puesto de elección popular a través de financiamiento para su campaña, proveniente de fondos ilícitos, inmediatamente pierde su escaño legislativo, para el caso de que se trate de un diputado. (Ver entrevista completa en página aparte).

Las universidades rectoras de dicha iniciativa son la Francisco Gavidia y la Doctor José Matías Delgado.

Mario Antonio Ruiz Ramírez, rector de la Universidad Francisco Gavidia, consideró un triunfo que distintos sectores de la vida nacional se sienten a dialogar en torno a un complejo problema que aqueja al país.

“Cultura de la viveza”

Destacó que una de las conclusiones a las que han llegado en esta primera fase es que la corrupción es un “problema cultural”, muy arraigado en la sociedad, por lo que es necesario que haya un involucramiento del sector educativo y reformas al curriculum escolar desde la parvularia hasta la universidad.

“Muchas veces se confunde (la corrupción) con viveza y ser listo”, reflexionó Ruíz.

Por su parte, el nuevo rector de la Universidad José Matías Delgado, José Enrique Sorto Campbell, explicó que es todo un desafío impulsar el proyecto anticorrupción enmarcado en un nuevo pacto de Nación, con la participación de más de 75 actores de varios segmentos de la sociedad.

Agregó que se trata de promover una mentalidad nueva que visualice el futuro del combate de la corrupción con un enfoque transformador.