Cuando hace unos días un numeroso grupo de agentes policiales marchó hacia Casa Presidencial, el grupo de la UMO que lo custodiaba llegó a un entendimiento “cordial” con los manifestantes.
Pero casi de inmediato los del régimen tomaron represalias contra los jefes de la UMO que estaban en el lugar, recriminándoles por no haber usado de la fuerza para detenerlos.
Usar “la fuerza” habría causado una balacera, heridos y posiblemente muertos.
Ha sido para evitar esa clase de tragedias que los dirigentes de un movimiento policial desistieron de llevar a cabo una marcha pública, pues, según afirman, “miembros de la OIE tenían instrucciones de provocar un desorden, disparar indiscriminadamente, causar reacciones y luego procesar a los dirigentes por actos de terrorismo y sedición”.
Tanto el incidente de Casa Presidencial como lo que ahora declararon los involucrados en la suspendida marcha indican que hay quienes dentro del actual desgobierno quieren pasar de la situación tensa pero no violenta en que se encuentra el país, a actos de fuerza aunque ello termine en matanzas.
Que es precisamente el mismo escenario de Venezuela: la dictadura ha montado grupos de matones que agreden las marchas ciudadanas, disparan, matan y desaparecen, para luego acusar a la oposición de violencia y asesinatos.
Fue valiéndose de una patraña semejante que el régimen de Maduro levantó proceso contra Leopoldo López y con falsas pruebas lo condenó a doce años de cárcel.
Causar desórdenes y luego acusar a la oposición (que va desde las gremiales hasta medios de difusión y críticos del régimen) de incitar al desorden, capturar, torturar y asesinar es la receta venezolana.
Lo que no debe extrañar a nadie: por una parte, el pasado violento y sin piedad de las figuras principales del régimen; por la otra, lo que se incita desde Caracas hasta La Habana auguran lo peor si es que la gente muerde el anzuelo del “estado de excepción”, que además tienen el descaro de que lo pague el país entero al autorizar el descongelamiento de más dinero.
Las leyes bastan y sobran
para combatir el crimen
Se debe tener muy claro que la gente de trabajo, los negocios, las gremiales, los informadores, los trabajadores del campo, los soldados... la mayoría de personas cumple con lo suyo y no se sitúa al margen de la ley.
Por tanto un estado de excepción o como se le quiera llamar no tiene ni sentido ni razón legal de ser, pues el problema está encapsulado en las pandillas criminales, un conjunto muy definido: criminales sueltos que atacan a gente indefensa. No tiene nada que ver ni con suspensión de derechos individuales, control de la información, censura, acciones no autorizadas por jueces.
Como dijimos ayer, los fracasados en cumplir con su principal cometido (que no es el saqueo, sino proteger a la población y mantener la paz interna) pretenden poderes extraordinarios. ¿Para qué?
Con el pretexto de la violencia, el actual régimen quiere acallar la oposición, los medios y los ciudadanos, pisoteando derechos fundamentales, lo que muy poco tiene que ver con pandillas criminales, un problema encapsulado. Un operativo en La Campanera no tiene nada que ver con la libre expresión. Las leyes bastan para combatir el crimen si hay gente capaz dirigiendo.
Quieren darle fuego a la casa para matar las cucarachas.