Capres, según dicen sus voceros, no puede dar información sobre los viajes de Funes “porque no la han encontrado”. Que no la han encontrado es casi como se ha fallado en la custodia de documentos oficiales y si fueron destruidos constituiría un delito, como delito sería borrar expedientes de un juicio o estados financieros de un negocio.
En esto, sin embargo, no hay culpas colectivas, actos que no pueden atribuirse a nadie en particular porque son atribuibles “a todos” como en la obra de Lope de Vega: “¿Quién mató al comendador? ¡Fuenteovejuna, señor!”. El pueblo entero de Fuenteovejuna linchó a un comendador cruel...
Pero que documentos de esa importancia se pierdan y que nadie se responsabilice lleva a una falta muy grave donde las sanciones deben aplicarse por igual a todos los involucrados.
Para nadie es un misterio que las entidades “del Estado”, controles, registros y documentaciones, se manejan medio a la diabla porque ni ministros ni funcionarios ni “secretarios” ni oficiales saben mayor cosa de administración o de ordenar sus labores. El paso de la montaña a la ciudad fue brusco; no dio tiempo a una verdadera inserción.
Pero aun así, las leyes, reglamentos y responsabilidades son las mismas que se vienen aplicando desde hace décadas, lo que quiere decir que hay funcionarios que desempeñan determinadas funciones y no pueden ni evadirlas ni ignorarlas.
Llevar el control de los gastos de una presidencia no es un juego de azar, sino un preciso cometido. Y quien tenga esa responsabilidad, por más a la ligera que la tome, debe responder por lo que falle, destruya o no custodie.
Hay precisas interrogantes sobre el uso de dineros públicos, como precisas asignaciones a personas y oficinas que tienen la obligación de controlar y llevar registros sobre el destino que se les da.
Pongamos un ejemplo: un presidente corrupto ordena que una dependencia de Casa Presidencial compre una limosina de lujo para su personal uso. El vehículo se entrega y a los dos meses se accidenta y es una pérdida total.
En la teoría se puede pretender que no hubo robo porque no hay vehículo “robado por nadie”, no hay cuerpo del delito, pero sí hay erogaciones que deben descargarse de un presupuesto y esto a su vez notificarse a la oficina respectiva en Casa Presidencial y la dependencia encargada en Hacienda.
Siempre con los “impuestos”
que luego despilfarran
Y en el caso de los viajes de Funes, como del viaje con enorme comitiva y “a todo trapo” al Medio Oriente de otro, querría decir que nadie en Capres llevó ni registros ni bitácoras de los cuarenta y nueve viajes de los que se tiene conocimiento, ni cómo se pagaron las tarjetas de crédito, ni las reservaciones de vuelos y hoteles...
¡A otros con esas historias! Es suficiente pedir a los bancos del país reportar las tarjetas de crédito emitidas a tales y cuales funcionarios y quiénes las pagaron.
Lo que al final queda en la mente de la población es que podría haber una cadena de uso indebido de recursos públicos y que un grupo está impidiendo que se conozca.