SAN SALVADOR, julio de 2018. Diferentes dependencias gubernamentales efectuaron despidos masivos o selectivos de empleados, acusándolos de ineficientes aunque los afectados dijeron que era porque no seguían dictados del oficialismo.
La medida se produce meses después de que un alto dirigente del partido en el gobierno insultara con groserías a los trabajadores estatales y amenazara con echar a personal no afín a ellos.
Los afectados se han abocado a la Sala de lo Constitucional, pero sus recursos de amparo fueron rechazados “ad portas”, después de que el oficialismo lograra integrar ese máximo tribunal con abogados afines pese a que estos habían sido denunciados en los meses previos como faltos de independencia e idoneidad.
Al momento los salvadoreños no tienen a quién recurrir para salvaguardar sus derechos constitucionales frente al poder, pues la nueva Sala ha sido calificada como genuflexa y sometida al partido oficial.
Lo mismo ha ocurrido con amparos por otros derechos conculcados y exhibiciones personales por capturas ilegales y otros abusos de autoridad…
Lo anterior es una ficción, pero no sería extraño que se materializara después de difundirse los insultos y amenazas de un alto dirigente oficialista contra los empleados públicos desafectos al partido de gobierno. Por eso ahora más que nunca se vuelve imperativo que a la Sala de lo Constitucional lleguen abogados independientes como magistrados para frenar cualquier abuso contra los trabajadores.
¿Se pueden imaginar una Sala de lo Constitucional sometida a los dictados del partido en el poder, cualquiera que sea, para validar despidos masivos de personas solo por no comulgar con el oficialismo? Pero justamente a eso nos quieren llevar con la persistencia de promover figuras separadas de sus cargos en el pasado por la Sala de lo Constitucional porque tenían compromisos partidistas.
Porque en vista de la derrota en los comicios y una previsible caída en las presidenciales, al grupo en el poder no le queda más que buscar dominar el Órgano Judicial, al que siempre le han llevado hambre.
Los salvadoreños recuerdan los lamentos de una diputada efemelenista en Los Ángeles, en 2010, diciendo que tenían en sus manos el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero no el Judicial ni los medios de comunicación.
Simplemente demostró que su ambición siempre ha sido tener el poder total y usarlo como les venga en gana, como hacen en Cuba y en Venezuela, donde el dictador y su camarilla disfrutan de lujos y boato mientras a la población no le queda más que comer basura o huir en masa a Colombia.
Maduro, el faro que los alumbra, ha encarcelado al líder opositor Leopoldo López solo porque le cae mal y no lo soporta.
No hay que olvidar cuántas veces les han lanzado turbas o les han perpetrado bloqueos a los miembros de la actual Sala de lo Constitucional, además de amenazas que “las van a pagar” una vez dejen los cargos, solo porque han hecho su trabajo de manera imparcial.
Por eso es mentira que personas que son impulsadas por un partido van a actuar de manera independiente una vez estén la magistratura, pues de inmediato les cobrarán la oportunidad del nombramiento. Precisamente esa fue una de las razones que la guerrilla del FMLN esgrimió una y otra vez para justificar la guerra (70 mil personas murieron por ello): el sometimiento del poder judicial a Casa Presidencial y la corrupción en la judicatura, a lo cual se corre el riesgo de volver. Por eso depende ahora del gremio de abogados y del Consejo Nacional de la Judicatura, en sus comicios de este sábado, elegir a los mejores profesionales como candidatos para magistrados.
Los salvadoreños sabremos reconocerlo o reclamarlo si obran mal y nos dejan en manos de despersonalizados movidos por los hilos de quienes estén en el poder, independientemente del partido que sean.
Periodista