Por Manuel Orozco,
Experto Senior de Diálogo Interamericano
La independencia del poder Judicial en Nicaragua ha estado condicionada desde los años de la revolución Sandinista. Sin embargo, con la pérdida del poder en 1990 del sandinismo, y la transición democrática, ellos realizan una reorganización de la Corte Suprema de manera que ésta quede supeditada al liderazgo sandinista.
Desde la constitución de 1987 los miembros han pasado de siete a 16. Al perder Ortega en 1990 aumentan los miembros a nueve, siempre con mayoría sandinista. En 1995 aumentan a 12 y en 2000 aumentan a 16. Las reformas del año 2000 se producen como parte de un pacto político entre liberales y sandinistas para aumentar el número de magistrados de la Corte Suprema de 12 a 16 y cambiar la duración del mandato de los magistrados de la Corte Suprema de 7 a 5 años. Este procedimiento creaba condiciones para renovar a magistrados o nombrar candidatos anuentes al Frente.
Los métodos de control político de la Corte Suprema se dan mediante los nombramientos del Ejecutivo. El Ejecutivo conserva las prerrogativas importantes de control político, tales como el monopolio en la presentación de ternas a la Asamblea para la designación de los integrantes de la CSJ y el nombramiento de su presidente de entre los magistrados que la integran de candidatos a magistrados, que son aprobados por el legislativo pero que está bajo control sandinista.
Esto ha permitido que el FSLN controle la mayoría de los puestos de magistrados. La conformación política subordinada al partido FSLN es evidente: de 16 magistrados, 11 son del FSLN. Otro método consiste en ampliar el número de jueces en el país para mantener más control operacional.
Finalmente, hay una relación directa entre el presidente y la Corte. La relación se dice que ocurre mediante señalamientos de casos claves para los que se da instrucciones de cómo votar. La cantidad de casos es sustancial. La relación, se especula, ocurre a través de intermediarios que pasan mensajes de cómo proceder en casos claves.
Hay muchos casos en donde la politización de la Corte es evidente. Por ejemplo, los casos de la privatización del Banco Nicaragüense (BANIC), el encarcelamiento de adversarios del FSLN y PLC, como Agustín Jarquín en 1999, cuando inicia investigación de corrupción de Arnoldo Alemán; Carlos Guadamuz, asesinado posteriormente por agentes afines al FSLN u Ortega; o el caso Byron Jerez. El caso mas emblemático de pérdida de independencia se observa 10 años después en 2010 cuando la Corte Suprema aprobó la candidatura presidencial de Daniel Ortega para un nuevo periodo, su reelección.
Lo anterior a pesar de que la Constitución nicaragüense dice que: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos periodos presidenciales”. La Corte aprobó que Ortega pudiera ser reelecto mediante una sentencia que ratifica la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución.
Otro caso donde la Corte Suprema interviene es cuando despoja en junio de 2016 a Eduardo Montealegre de la representación legal del PLI, dejando al partido sin candidato para las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. El resultado fue desarticular y fragmentar la oposición y garantizar la victoria de Daniel Ortega por tercera vez consecutiva.
En 2017 se identifica el conflicto de propiedad por una finca en Santa Rita de Hato Nuevo, en Chinandega. Se dice que ese conflicto es de interés del presidente Ortega. Un poco más de mil manzanas de la misma son reclamadas por la familia Navarro Soza a la empresa Camarones del Pacífico (Campa), donde uno de los representantes es hermano del ministro de Inversiones, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Los magistrados Ramos, Rafael Solís y Francisco Rosales se encuentran involucrados en tal conflicto.