Dieciséis organizaciones que promueven la transparencia y el combate a la corrupción reiteraron, ayer, la necesidad de que los aspirantes a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tengan vínculos con partidos políticos, ni respondan a intereses de ningún otro tipo porque eso interferiría en sus resoluciones y atentaría contra la democracia.
Los representantes de estas organizaciones y la Universidad Francisco Gavidia denunciaron que en el proceso de elección de candidatos a magistrados por la Federación de Asociaciones de
Abogados de El Salvador (Fedaes) han advertido intentos de querer controlar la Sala de lo Constitucional, luego que el comité electoral avalara la participación de personas que tiene vínculos con el FMLN.
“Nos preocupa que se están dando señales de que nos quieren llevar hacia una toma de la Sala de lo Constitucional y ese es un tema bastante delicado. Estamos exigiendo transparencia, que se respete la jurisprudencia constitucional”, dijo Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Los denunciantes señalaron que la Fedaes, cuyo presidente es Gregorio Sánchez Trejo, y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), deben ser los garantes de que funcionen los filtros y procedimientos que permitan seleccionar a los candidatos idóneos para el cargo. Esto, a juicio de las organizaciones, no se está cumpliendo.
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Según Castro, en El Salvador no existen “zonas exentas de control Constitucional” y la Fedaes está obligada a cumplir la jurisprudencia. Por ello, dijo, si un ciudadano lo solicita, la Sala puede revisar todas las etapas del proceso de elección de magistrados y si la lista contiene nombres de personas cuyo perfil riñe con la jurisprudencia constitucional para ser candidatos puede declararla inconstitucional.
Los representantes de las organizaciones expresaron que valorarán si recurren a la Sala de lo Constitucional si la Fedaes no cumple su obligación.
Además pidieron que Sánchez Trejo sea apartado del proceso de selección de candidatos porque “no brinda garantías de imparcialidad y transparencia”. Sánchez ha dicho que ya está apartado.
Aspirantes con sentencia deben ser excluidos
El lunes pasado, la Fedaes presentó a los 22 profesionales que competirán en las elecciones del gremio de abogados, el próximo 10 de marzo.
Entre ellos figuran Jaime Edwin Martínez Ventura, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), y Gilberto Canjura Velásquez, exmagistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y actual gerente de la Unidad Jurídica de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (Anda). Ambos han sido señalados por tener vínculos políticos con el FMLN.
También aparecen en el listado Tito Zelada (actual Inspector General de la Policía Nacional Civil) y Ulises Rivas. Por sus vínculos con el partido de izquierda, en 2015, la Sala de lo Constitucional separó al primero de su cargo como presidente del CNJ.
En 2017 ocurrió lo mismo con Rivas como magistrado del TSE.
La semana pasada, Zelada y Rivas fueron excluidos del proceso por el Comité Electoral de la gremial, pero la directiva revirtió la decisión y los incorporó a la lista.
La Fedaes y el CNJ deberán escoger a 30 candidatos (15 cada institución) quienes serán presentados a los diputados de la Asamblea Legislativa para que elijan a las cuatro personas que sustituirán a los magistrados constitucionalistas cuyo periodo concluye el 15 de julio de este año.
Ramón Villalta, de Iniciativa para la Democracia (ISD), pidió a la gremial de abogados y al CNJ que apliquen criterios de selección que permitan una sana competencia y garanticen que ninguna asociación tenga una posición preponderante sobre el resto.
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El abogado no señaló directamente a los candidatos que tienen vinculación con partidos porque, según él, “es una manera tradicional de como se ha hecho la elección para los magistrados”. Agregó que para ello los diputados realizan un procedimiento que “más que de elección es de negociación y de distribución de cuotas de poder”.
No obstante, el representante del ISD enfatizó que cualquier entidad debe entender que las personas señaladas, sobre las que ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional (como en el caso de Zelada y Rivas), no pueden seguir aspirando a ocupar una magistratura.
Mientras que Paul Steiner, del Movimiento Ciudadano Democracia Limpia, explicó que el llamado que se está haciendo es para que ningún partido político tome el control de la Sala de lo Constitucional y que “ ningún interés ajeno a la justicia se pueda poner como dominante de las decisiones de los jueces”.
Claudia Umaña, de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ), dijo que si los candidatos a magistrados tienen claros vínculos partidarios “ya sabemos cómo va a ser la aplicación de la legislación y la Constitución”. Para ella, el país está frente a la elección del máximo intérprete de la Constitución de la República, así que todos los derechos ciudadanos pueden ser vistos con una óptica muy política.