Tomas Guevara / Desde Nueva York
El arraigo de los tepesianos salvadoreños en Estados Unidos y la falta de condiciones en El Salvador para su retorno podrían provocar que muchos de ellos se queden de forma indocumentada y pasen a la economía informal, fueron algunos de los escenarios analizados en un foro organizado por el Diálogo Interamericano, para analizar el impacto de la cancelación del Estatus de Protección Temporal ( TPS) para cerca de 200 mil salvadoreños.
La exministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila, participó en el panel como representante de la delegación de directivos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) junto a representantes del sector privado salvadoreño ayer en Washington.
De Ávila matizó en la discusión que las condiciones de El Salvador no son aptas para incorporar a su fuerza productiva este segmento de población -de casi un cuarto de millón de salvadoreños- que eventualmente se verán forzados a regresar al país.
“Por cada TPS hay hijos ciudadanos estadounidenses que son parte del grupo familiar y que están envueltos en la problemática”, matizó la extitular de exteriores.
El foro, instalado al mediodía de este miércoles, bajo el título: “El fin del TPS, opciones políticas e impacto social”, en la sede de ese tanque de pensamiento en Washington DC, contó también con la participación del activista salvadoreño Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, y el analista Andrew Selee, del Instituto de Políticas Migratorias. El evento estuvo moderado por Manuel Orozco, experto del Diálogo Interamericano.
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Para el analista Andrew Selee, es claro que la legislación vigente sobre los tepesianos tiene enormes vacíos, porque según la ley no hay una calificación para obtener un estatus de residente permanente en Estados Unidos, sin importar cuántas raíces haya establecido el inmigrante en el país bajo la figura de la protección temporal.
“No importa cuán estadounidense se haya vuelto alguien, sin importar las raíces que haya establecido, el problema es que no hay una transición para convertirse en residente permanente o ciudadano, y la gente puede estar de acuerdo en que hay algo mal ahí con el TPS, pero es el reflejo de un sistema migratorio creado así”, explicó Selee.
Este analista agregó que la contradicción al momento es que la administración de Donald Trump quiere responder a una base minoritaria que se opone a la inmigración en Estados Unidos; según todos los estudios de opinión, la gran mayoría esta en favor de una inmigración ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca, al intentar reforzar las leyes de inmigración, está yendo en una dirección errática, dijo.
“Hay un conflicto aquí, porque la eliminación de TPS pone a las personas en la economía informal. La gente no volverá a menos que sea forzada, sumado a que no son una prioridad para la deportación. Podrían convertirse en una prioridad, pero no debemos suponer que TPS se convierte en una prioridad de la deportación”, ahondó el experto del Instituto de Políticas Migratorias.
Orozco retomó los datos de un reciente estudio preparado por ese centro de análisis sobre el TPS, y los caminos viables para la búsqueda de una residencia permanente para este grupo de salvadoreños amparados al estatus legal, para los inmigrantes salvadoreños que han permanecido bajo la protección temporal desde 2001, y que entrarían a un limbo migratorio de no existir una solución definitiva al caducar la prórroga de la última reinscripción el 9 de septiembre de 2019.
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Para Orozco, proveer de residencia permanente a los salvadoreños amparados con el Estatus de Protección Temporal, TPS, suena como la vía lógica, políticamente importante y justificable para que el Congreso de Estados Unidos actúe, al ser esta población un grupo muy asimilado en el sector productivo de la potencia del norte.
Por su parte el salvadoreño Óscar Chacón, de Alianza Américas, explicó que la raíz del problema radica en que hay desconexión entre los intereses actuales de los cientos de miles de inmigrantes que necesitan una solución a su estatus legal, como los cerca de 700 mil jóvenes amparados al Programa de Acción Diferida (DACA), y los más de 340 mil centroamericanos con TPS, que van a un ritmo mucho más rápido de la lentitud con la que opera el legislativo estadounidense para las políticas migratorias.
Al final, los asistentes formularon preguntas para ahondar en los temas de política de El Salvador y condiciones de los tepesianos.