Una vez pasadas las elecciones del 4 de marzo, la nueva legislatura que tome posesión el uno de mayo, tiene una tarea sumamente importante y delicada: renovar a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, para lo cual, los miembros del Consorcio por la Transparencia, están afinando una serie de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, para que los diputados escojan a los más idóneos para el cargo.
Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), integrante del Consorcio, informó que en los próximos días llevarán a la Asamblea una propuesta de reforma a varios artículos del Reglamento Interno de la Asamblea, con el propósito de impregnarle transparencia al proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Queremos introducir: lo primero es que haya transparencia; segundo, que se permita la participación ciudadana; y el tercero, que haya una ponderación de los currículum que lleve incluida una etapa de entrevistas que contengan preguntas que realmente permitan conocer con más profundidad las capacidades y cualidades de las personas que aspiran a estos cargos”, puntualizó Umaña.
Las modificaciones en mención corresponden a los artículos del 98 al 101 del Reglamento Interno, relativos a la recepción de las candidaturas, sus hojas de vida, entrevistas, entrega de atestados, evaluación y su elección en tiempo, en la etapa que le compete a la Asamblea.
En procesos anteriores, se ha observado que los diputados se atrasan en analizar los currículum, porque algunas instituciones como el Ministerio de Hacienda, Fiscalía, Procuraduría General de la República y la Corte de Cuentas, entre otras, no envían a tiempo las solvencias que la ley exige a los aspirantes.
También, comprobar que realmente los candidatos no tengan ninguna conexión partidaria, es otro aspecto que en la Asamblea afecta, porque la discusión sobre la elección de los funcionarios se vuelve “política”, admitió Umaña.
“En esta fase, lo que vemos es que deben haber funcionado los filtros anteriores (Fedaes, CNJ), existe jurisprudencia reiterada y se han ido ampliando criterios de idoneidad, si una persona se ha acercado demasiado a los partidos puede tener ataduras que le impidan ejercer la independencia a la hora de aplicar las leyes de la República”, esgrimió Umaña.
Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha fallado en varias ocasiones en contra del nombramiento de funcionarios de segundo grado, como ha sido el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas.
La Sala ha argumentado que la Asamblea no logró demostrar su desvinculación partidaria, ni tampoco la idoneidad y capacidad para el cargo para el que fueron electos.