El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cerró ayer el plazo para los abogados interesados en competir por una de las cinco plazas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta del CNJ, María Antonieta Josa de Parada, afirmó que 97 profesionales habían presentado sus solicitudes y los atestados exigidos, con miras a ser uno de los 15 propuestos por el CNJ. Otros 15 será propuestos por el gremio de abogados.
El primer filtro que el CNJ aplicará consiste en examinar cada una de las solicitudes de los postulantes, sus antecedentes, estudios, obras, etc. y depurar a los que no se ajustan.
Esa labor comienza el 9 de febrero, cuando los miembros del CNJ harán “el análisis curricular y la valoración de constancias de estudios y experiencia laboral de cada uno. Además, evaluarán las solvencias de Fiscalía (que no son investigados por ningún delito) y Procuraduría (si es padre responsable) y que el Tribunal Supremo Electoral certifique que no tiene afiliación política”, explicó la funcionaria a El Diario de Hoy.
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Todo para garantizar que el postulante no tenga vínculos políticos partidarios u otra organización que incida en sus decisiones como futuro magistrado.
Las personas que superen el análisis curricular pasarán a una prueba psicológica y un estudio sociolaboral para ver si su comportamiento y carácter se adecúan al de un magistrado.
Para los que pasen el primer filtro viene la fase de entrevistas, de donde se sacarán los 15 abogados que propondrá a la Asamblea Legislativa.
Casi de forma paralela, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), tras una elección con todos los abogados, aportará otra lista con 15 candidatos, a más tardar el 15 de marzo.
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Al final de ambos procesos, el CNJ enviará la lista de 30 postulantes, los suyos y los de la FEDAES, a la Asamblea Legislativa. Tiene que ser 60 días antes del vencimiento del periodo de los actuales magistrados.
La clave en esta elección está en los diputados que el pueblo elija el 4 de marzo, pues ellos deberán definir a los cinco magistrados que sustituirán a cuatro de la Sala de lo Constitucional y una de la Sala de lo Civil y, de esa forma, funcione la CSJ en pleno.