En 2017, El Salvador brindó a la población menos información presupuestaria y por ello retrocedió en la calificación obtenida en la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés).
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) indicó que esta encuesta usa 109 indicadores ponderados equitativamente para medir la transparencia, vigilancia y participación de la ciudadanía en todo el ciclo del diseño, así como desarrollo y ejecución del presupuesto de la nación.
Con los resultados de la encuesta se elabora el índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en inglés), auspiciado por el International Budget Partnership, en el que El Salvador participa desde 2006.
Rommel Rodríguez, investigador del área de macroeconomía de Funde, explicó que este índice tiene por finalidad revisar los avances o retrocesos de la ciudadanía en el acceso a información presupuestaria.
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En el último año, El Salvador obtuvo un puntaje de 45 sobre 100 en “transparencia” (es decir que ofrece al público información limitada); y de 65 sobre 100 en “vigilancia del presupuesto” por parte de la autoridad legislativa y de auditoría.
Pero la calificación más baja, por la que se ubicó inclusive en la cola de América Latina, fue en “participación ciudadana”, en la que obtuvo un puntaje de 6 sobre 100 posibles. En ese sentido, “El Salvador ofrece pocas oportunidades al público para participar en el proceso presupuestario”, destacó la Funde.
Rodríguez insistió en que un presupuesto abierto es importante porque permite tomar decisiones mejores informadas, reduce la posibilidad de que las decisiones estén capturadas por grupos de interés y que la gestión de las instituciones se realice de manera más ordenada.
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También amplía la legitimidad y el apoyo a las prioridades financieras y promueve acuerdos más justos sobre la distribución de cargas y beneficios.
Por ahora, apuntó la Funde, se toman decisiones sin debida justificación y rendición de cuentas; y además de las severas restricciones presupuestarias, falta certeza sobre el destino efectivo del gasto y, sobre todo, del impacto que éste tiene en los grupos más vulnerables.
Entonces, para mejorar la transparencia, el organismo recomienda que el país priorice algunas medidas como elaborar y publicar una revisión a mitad del año (que dé paso a cambios en las perspectivas económicas, por ejemplo). Además, debe aumentar la información provista en el documento preliminar del presupuesto y también aumentar la información que incluya en el proyecto del presupuesto del Ejecutivo un mayor detalle sobre las medidas de desempeño del presupuesto y su vinculación con la política.
“La transparencia presupuestaria no es una cuestión difícil, no hablamos de cambios estructurales en leyes o que sean caros, es que haya información y que ésta sea lo más accesible al público”, explicó Jaime López, también investigador de la Funde.
Fusades lamenta que presupuesto 2018 no ordene cuentas fiscales
La entidad considera que la aprobación del plan financiero no desvanece la necesidad de negociaciones.
“Una oportunidad perdida para ordenar las cuentas fiscales” del país, así cataloga a la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2018, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
En su último informe, el tanque de pensamiento consideró que aunque “se suponía que el presupuesto de 2018 dejaría de tener los vicios que sistemáticamente habían presentado los anteriores”, el documento aprobado el pasado 5 de enero, con 71 votos a favor y 4 en contra, no corrigió sus fallas principales y mantuvo prácticamente igual el monto del gasto.
Dentro de las principales críticas de Fusades está que la reducción de $53 millones en el presupuesto 2018 no implica una reducción efectiva en el gasto público, puesto que el Ministerio de Hacienda dejará de transferir ese monto al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) porque los recursos iban a ser obtenidos con emisión de bonos.
“Ahora ese gasto se financiará con Certificados de Inversión Previsional (CIP), por lo que el gasto y la deuda no se reflejarán en el Gobierno Central pero sí en el sector público”, detalló Fusades.
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Por otro lado, el organismo también reflexionó en que los cambios en el plan de ingresos y gastos de este año “no están basados en supuestos realistas”, porque “se ha continuado con la práctica de subestimar partidas cuyas erogaciones son ineludibles”, que para poder honrar estos compromisos se requerirá, de nuevo, buscar deuda de corto plazo como financiamiento permanente.
“La situación fiscal continuará debilitándose en la medida que una parte creciente del gasto corriente siga siendo financiado con deuda y no haya eficiencia en el gasto”, apuntó el documento.
Fusades también lamentó que se desaprovechara la oportunidad para que prevalecieran los criterios técnicos y la negociación se orientara hacia un ordenamiento de las finanzas públicas; en cambio, lideró la política y que “las partes no quisieron compartir el costo de un ajuste fiscal”, sobre todo cuando un proceso electoral está a la vuelta de la esquina.
“Este evento da el mensaje negativo de que se sobreponen las consideraciones políticas y que no se toman en cuenta los efectos negativos que un presupuesto incompleto tendrá en el futuro del país”, añadió.
La entidad reiteró su llamado a corregir el rumbo financiero teniendo un gasto público más eficiente.