El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, presentó ayer un pliego de reformas a la ley del TEG con miras a incorporar nuevas conductas antiéticas por parte de los servidores públicos, pero también para elevar las multas y las sanciones por infracciones a esa normativa.
De acuerdo a la propuesta de reforma, se le da facultad a ese organismo para que pueda investigar a los funcionarios que intenten obstaculizar o que se nieguen a colaborar en las investigaciones que realiza el TEG.
Inclusive, para quienes se opongan o traten de impedir el normal desarrollo de un proceso de investigación, se valorará si son constitutivos de una acción penal.
“También se establece a las facultades del Tribunal, emitir medidas cautelares y medidas de protección a denunciantes y testigos, por lo que se hace necesario que las conductas que las obstaculicen sean punibles y por lo tanto, perseguibles”, manifestó el titular del TEG.
Néstor Castaneda llegó acompañado del también miembro del TEG, Samuel Álvaro Guevara.
Explicaron que las reformas fueron elaboradas tras una consulta pública que se realizó el año pasado y tras recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Facultad de dictar medidas cautelares
El anteproyecto de ley le ordena al funcionario infractor que adopte medidas que rectifiquen su conducta antiética.
“.... E impondrá la sanción de multa, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual, hasta un máximo de trescientos salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, en ambos casos”, señala el anteproyecto de reforma.
Si un funcionarios insiste en mantener la conducta antiética y reincide en hechos de la misma naturaleza en un mismo año, pese a haber sido sancionado, entonces se buscará la forma de que sea destituido del cargo y hasta se certificará a la Fiscalía General de la República, si comete algún hechos delictivo.
“E incluso podrá inhabilitar al infractor el acceso a cargos públicos, de elección popular o de nombramiento por la Asamblea Legislativa u otra entidad, por un plazo de hasta cinco años”, por infringir la ley del TEG, explicó Néstor Castaneda.
“Son a grosso modo regulaciones que van a dar un resultado de mayor eficiencia a la ley y tendremos nosotros como Tribunal mayores facultades para poder investigar”, manifestó el titular del TEG.
El presidente del Congreso, Guillermo Gallegos dijo estar en la buena disposición de darle trámite a esa iniciativa de ley.
“Yo lo recibo y esperaría poder ingresarlo en la próxima plenaria para que pueda ser distribuida a la comisión respectiva y tener así el dictamen favorable para que estas reformas puedan convertirse en ley”, dijo Gallegos.
La Ley de Ética Gubernamental (TEG) fue aprobada el 13 de octubre de 2011, pero entró en vigencia hasta el 1 de enero de 2012.