La trama de corrupción bautizada como "Tráfico de influencias", en la que ofrecían agilizar trámites administrativos en Guatemala relacionados con el crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas, recibió casi 2,6 millones de dólares.
Así lo aseguró el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ente que junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), comandado por Thelma Aldana, llevaron a cabo esta investigación.
La causa, que empezó a ver la luz a raíz del caso "La Línea" -que tiene en prisión preventiva al exbinomio Presidencial formado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti- estableció la existencia de una estructura vinculada al cobro de comisiones a cambio de agilizar trámites de expedientes de crédito fiscal.
En el esquema de esta trama, dijo Aldana, el papel "clave" era desempeñado por el extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Giovanni Marroquín Navas, en prisión preventiva por la red "La Línea", pues era el "enlace" entre los funcionarios de la SAT que agilizaban los trámites y los intermediarios que buscaban clientes, es decir, empresas.
"Fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos" a los funcionarios de quien era "amigo", varios ya en prisión, y a los intermediarios para alterar "el orden cronológico" en la resolución de los expedientes, y lo hizo de forma "eficiente", pues logró reducir los tiempos de los mismos, al menos 30, en los años 2011, 2013 y 2014.
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Los clientes fueron nueve empresas, de sectores como la palma africana, las bebidas alcohólicas o el sector azucarero, y los intermediarios que buscaban a estos usuarios eran el excandidato a la Vicepresidencia en 2015 y empresario Mario Leal, el diputado y vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y el empresario Alfredo Muñoz Ledo, citado a declarar junto a otra decena de personas.
Sobre el parlamentario, las autoridades presentaron una solicitud de desafuero para que pueda ser investigado por los delitos de "tráfico de influencias y cohecho activo", al igual que al juez Adrián Rodríguez, a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a quien lo quieren indagar por "prevaricato y denegación de Justicia".
Las pesquisas preliminares, abundó la fiscal, señalan que Alejos "formó parte de los agentes externos" de la organización criminal, explicó Aldana, que ofrecía "servicios de gestión" ante la SAT para agilizar las solicitudes a cambio de "comisiones ilícitas".
#FiscalSandoval: La función de Mario Leal era de intermediario. Aprovechó una posición de cercanía con Giovanni Marroquín quien tenía acercamento con funcionarios de SAT para agilizar la devolución de crédito fiscal. #TraficantesDeInfluencias
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 26 de enero de 2018
En cambio sobre el juez se cree que "a sabiendas y con toda determinación" emitió una resolución "contraria a la ley" y "fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal" a uno de los clientes de esta trama, la empresa Aceros de Guatemala, S.A.
Leal, quien está fuera de Guatemala desde el año 2016 y las autoridades creen que en República Dominicana, recibió unos 500.000 dólares en comisiones y ahora mismo está prófugo de la Justicia, al igual que otros 9 implicados, mientras que 8 fueron detenidos este jueves.
Para esclarecer este caso, la Fiscalía y la CICIG dirigieron este jueves un total de 30 allanamientos, 29 en la capital y uno en Sacatepéquez, para concretar las órdenes de captura, giradas por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y defraudación tributaria contra empresarios, exfuncionarios y particulares.
Los 19 millones de quetzales (casi 2,6 millones de dólares) que se cree que recibió la estructura criminal fueron depositados en una cuenta bancaria que administrativa el cerebro de la operación, Marroquín, que luego embolsaba el dinero a sus colaboradores a través de "terceras personas", enfatizó el abogado colombiano.
MP y CICIG desarticulan estructura criminal vinculada al tráfico de influencias - https://t.co/1JyRTHmFEX pic.twitter.com/gi70ZWoqjc
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 26 de enero de 2018
Tras conocerse este caso, la Cámara del Agro de Guatemala dijo ser respetuosa del Estado de Derecho y reiteró su "condena" a cualquier acto de corrupción, aunque aseguró que la responsabilidad penal es "individual".
También la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) señaló que como entidad gremial no tiene "ninguna injerencia" sobre las decisiones y operaciones propias de cada uno de sus asociados y dijo lamentar esta situación, que esperan que se dirima en los tribunales respetando "el Estado de Derecho y la presunción de inocencia".
Aldana dijo a la prensa que el desmantelamiento de estructuras cómo esta demuestra que el país va "por la vía correcta", que aunque durante muchos años la corrupción "fue la regla y no la excepción" la población tiene que denunciar y no tolerar esta lacra. ACAN-EFE