GUATEMALA. La fiscalía guatemalteca detuvo ayer a varios exfuncionarios y empresarios acusados de prácticas fiscales fraudulentas que costaron a las arcas públicas millones de dólares en la nación centroamericana, se informó.
La directora de comunicación de la fiscalía, Yesenia Enríquez, informó que se solicitó el retiro de la inmunidad del diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, quién habría traficado influencias para lograr el pago de los créditos fiscales y del juez Adrián Rodríguez, que también está involucrado.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo que al menos siete empresarios han sido apresados. La policía refirió que hay otros implicados en el caso que han denominado “Traficantes de Influencias”.
De acuerdo con las autoridades de investigación, los empresarios se encargaban de buscar a otros miembros de su sector que necesitaban devoluciones fiscales que luego se encargaban de cobrar obteniendo comisiones con el visto bueno de las autoridades.
La pesquisa es la continuación de un caso anterior en los que se cobraron más de diez millones de dólares de manera fraudulenta, que luego fueron devueltos junto a una multa tras descubrirse esa maniobra.
Sandoval dijo que entre los empresarios detenidos figura el industrial del acero Ingmar Iten.
Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), refirió que el narcotraficante Marlón Monroy, alias “El Fantasma”, extraditado a Estados Unidos, había declarado a las autoridades que Iten le solicitó atentar contra él por investigarlo por este caso.
En tanto, la dirección de comunicación de la Policía confirmó que uno de los exfuncionarios detenidos es el exsuperintendente de SAT, Rudy Villada, quien habría permitido las devoluciones fiscales millonarias a los empresarios.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) confirmó este jueves que se llevaban a cabo allanamientos y detenciones por el caso.
Uno de los allanamientos se realizaba en el Ingenio Magdalena, propiedad del empresario Mario Leal, quien intentó buscar la vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y fue financista del Partido Patriota, que llevó al poder a Otto Pérez Molina, un general en retiro del ejército guatemalteco que tuvo que renunciar en 2015 al cargo luego de ser acusado por corrupción. El exmandatario está preso actualmente a la espera de su juicio.
Caso de Otto Pérez
Además, la Fiscalía de la Unidad de Extinción de Dominio solicitó ayer una “acción de extinción de dominio” de una lujosa casa de playa del expresidente Pérez Molina, con un valor estimado de 7 millones de quetzales (1 millón de dólares), informó el Ministerio Público (MP).
La solicitud, conformada por 1,732 folios, da cuenta de que el inmueble estuvo inscrito a nombre de la empresa Construcciones y Caminos, S.A. y posteriormente fue trasladada a la sociedad anónima Ecoark, ambas vinculadas con Pérez Molina.
Los implicados en el caso llamado “La Cooperacha” son los exministros de Defensa Manuel López Ambrosio y Noé Anzueto, de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, de Energía Érick Archila, de Gobernación Mauricio López Bonilla y el expresidente del Instituto de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez.