"Reiteramos el llamamiento hecho por nuestra Oficina en Honduras a las autoridades para emprender una evaluación de las normas de enfrentamiento, incluyendo el uso de la fuerza, que debe únicamente usarse cuando sea necesario y proporcionado, de acuerdo con el derecho internacional", dijo Throssell.
La portavoz añadió que "debería existir responsabilidad pública por el uso letal de la fuerza, que debería estar estrictamente restringido a la protección de la vida".Asimismo, pidió a partidos políticos, medios de comunicación y a la sociedad civil "que se abstengan de cualquier declaración que pueda interpretarse como una incitación a la violencia".
La oposición anunció protestas por todo el país a partir de este sábado y hasta el 27 de enero, cuando Juan Orlando Hernández debe prestar juramento como presidente.
Según la portavoz, entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017, al menos 22 personas murieron en las protestas que tuvieron lugar después de las elecciones, entre ellas 21 civiles y un policía.
El Alto Comisionado informó de que 13 de estas muertes fueron a manos de fuerzas de seguridad.
El organismo solicitó a todas las partes que se mantengan en el diálogo, rehuyan la violencia y respeten el derecho de manifestación pacífica. EFE