Echando mano de fallos constitucionales y decretos legislativos se hace delito de lo que no lo era, de hecho aplicando retroactivamente disposiciones y grandes pensadas del actual régimen salvadoreño.
Nadie queda a salvo de que en algún momento, a través de malabarismos y argucias, lo que fue legal deje de serlo y, por lo mismo, le apliquen sanciones o lo persigan. La demanda presentada por la Legislatura contra los funcionarios que, a Dios gracias, firmaron la concesión con Enel es el remate de un atropello, de una cacería de brujas perpetrada por un régimen que está saqueando el sistema de generación eléctrica del país.
Una sociedad de gente decente no rompe la palabra empeñada, no viola contratos firmados, no reniega de lo que prometió ni da la espalda a sus compromisos. Por ello la no retroactividad de las leyes es un principio fundamental del orden jurídico, pues lo contrario, el equivalente a cambiar de reglas a medio partido de fútbol, es inadmisible aunque aquí se practique.
Si se firma un contrato de suministro, o una venta, o un acuerdo entre partes, la única forma moral y legal de revisarlo o revocarlo es cuando ambas partes están de acuerdo en hacerlo.
El Salvador firmó con Enel y debe cumplir con lo pactado, no sacarse de la manga "principios constitucionales" que, en su momento, nadie mencionó, incluyendo a la oposición de entonces que ahora se rasga las vestiduras.
Lo execrable de los amaños de la Selección Nacional es que al presentarse a campeonatos o jugar un partido, rompen el compromiso moral, no escrito pero sobreentendido, de que pondrán todo su esfuerzo para ganar y honrarán los colores que visten. Traicionan su cometido, traicionan a la afición, traicionan la honestidad.
Sin reglas claras y proceder decente no habrá inversión
No es de extrañarse que los amaños tengan lugar después de que públicamente se perciba la venta de diputados, traicionando lo que prometieron a sus electores y que los funcionarios incumplan con lo que ofrecieron en una campaña y, más de lo que ofrecieron, con lo que son las responsabilidades esenciales de sus cargos.
No se va muy lejos con reglas elásticas, con juramentos que nada valen, o cuando las sinvergüenzadas se sobreponen a las leyes.
De no haberse firmado el acuerdo con Enel, el país sería deficitario en energía renovable y hubiera estado forzado a depender de generación térmica (búnker), contribuyendo a una mayor contaminación del medio ambiente y más elevados costos para los consumidores. Y esos sagrados calores de la tierra seguirían dentro, sin provecho para nadie.
Es claro, además, que las administraciones que le han caído encima a la CEL de un tiempo acá no tienen la capacidad ni la experiencia ni, algunos de sus funcionarios, la honestidad para desarrollar la geotermia o administrarla en forma eficiente y con transparencia. En lo que sí descuellan es en facilitar el derroche estatal y tapar todo lo que de impropio se hace.
El Salvador carece de los recursos financieros, del conocimiento tecnológico y de la experiencia para desarrollar sus fuentes energéticas y abaratar el suministro de electricidad. Tiene que depender de la inversión foránea, la que sólo llegará al haber reglas claras que encajen con el Orden de Derecho prevaleciente a nivel internacional. Pero el desprestigio en que ha caído con las movidas augura malos tiempos.