El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, anunció este martes que el Gobierno obligará a las empresas del país a bajar los precios y volver a las cantidades a las que vendían sus productos en diciembre, después de acusar a los comerciantes de "inflar" los precios injustificadamente a principios de año.
"El 3 de enero los precios amanecieron inflados", dijo El Aissami en un encuentro con una representación de las principales industrias del país. Venezuela es un país que entró a finales del año pasado en hiperinflación y cerró 2017 con una inflación acumulada de más del 2.600 %, según el Parlamento.
El Aissami aseguró que su Gobierno no aceptara "ningún precio especulativo", y pidió a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que aplique "todo el peso de la ley" a las empresas que no respeten la medida.
Desde noviembre del año pasado, la Sundde ha llevado a cabo inspecciones en centenares de negocios en todo el país, a los que -con el concurso de efectivos de la Policía y la Guardia Nacional- ha obligado a bajar los precios de algunos de sus productos.
Estas rebajas forzadas han provocado largas colas y tumultos en negocios de todo el país, donde supermercados y otros establecimientos han quedado vacíos tras los descuentos, mientras que asociaciones de empresarios han alertado del posible cierre de algunos de sus socios al ser obligados a vender a pérdida.
El Gobierno chavista habla de una supuesta "guerra económica" de Estados Unidos, el sistema financiero internacional, la oposición y comerciantes y empresarios "especuladores", que a su vez sería la causante de la hiperinflación y la grave crisis económica y social que atraviesa el país.
Economistas independientes atribuyen la inflación desbocada a los controles de cambio de divisas, la destrucción de la producción y la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela. EFE