Conocer en forma detallada el uso de presupuestos públicos es un derecho de los ciudadanos en todas las democracias; la razón es lógica y clara: no son dineros propiedad de los funcionarios sino dineros propiedad del colectivo, de los que forman ese patrimonio.
El Ejecutivo niega la información relacionada con los gastos de sus viajes amparándose en el hecho de que otros previos presidentes viajaron un número similar de veces.
Pero que se haya faltado antes a un deber de todo funcionario, dar cuenta de lo que gasta y hace, no libera a nadie de la obligación de hacerlo, más ahora que tanto se habla de "el cambio".
Sólo cuando la gente está informada con detalle del uso de presupuestos públicos es que los funcionarios toman el trabajo de ser eficientes en el gasto y cuidar de que los fondos confiados a ellos no se desvíen a finalidades no autorizadas, se despilfarren, se malgasten o se presten a malversaciones.
A diferencia de lo que es la economía en el mundo real –en el mundo del trabajo– en los gobiernos no hay creación de riqueza sino sólo transferencias, por lo que si una dependencia recibe un mayor presupuesto es porque otras han visto reducir lo suyo.
A causa de ello, las asignaciones presupuestarias –la manera en que se dividen los ingresos generales entre las distintas áreas del sector público– se pueden convertir en garduñas, con cada sector peleando por obtener una tajada más grande de un pastel que no crece.
Si Capres está gastando en suntuosos viajes y caravanas policiales y programas/ocurrencia, al hacerlo se reducen los presupuestos de Salud Pública, mantenimiento de carreteras o dotación de agua a comunidades. Hay más necesidad de salvar a niños con problemas renales o de ayudar a los viejos a cuidar dolencias crónicas, que de sufragar viajes no justificados.
En igual forma, a la gente no le hace gracia que los diputados ordenen comidas gurmés para celebrar sesiones, pues con eso se restan recursos para necesidades urgentes y se afectan las vidas y la salud de las personas. En tiempos de penuria o de calamidad los ministerios y entidades de gobierno deben hacer los esfuerzos suficientes para ahorrar, no malgastar y ser parcos en el uso de lo que se les asigna.
Si pueden caerle encima, le caen encima al dinero
Debido a la escasa experiencia de los funcionarios del actual régimen en el mundo real del trabajo, no se hacen esfuerzos por mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, asignar de acuerdo con resultados y ahorrar en lo que se pueda.
Tampoco se justifica que, en un momento en que los contribuyentes hacen esfuerzos para sobreponerse a la contracción económica y se ven forzados a recortar personal, el gobierno incremente de manera injustificada la burocracia para acomodar a correligionarios sin experiencia o capacidades reales, que no se necesitan.
En la actualidad se hace énfasis en los deberes sociales de las empresas, las que, en su mayor parte, cumplen al producir con eficiencia y ceñirse a lo que la ley les manda.
Pero esa vocación de servicio está faltando en el actual régimen, que antepone sus veleidades y su gasto a la calidad de los servicios públicos y a solucionar los problemas y carestías que sufre la población. Mientras haya carencias en los hospitales, escuelas en deplorables condiciones e inseguridad en las calles, cada viaje y su gasto debe ser justificado frente a los ciudadanos.