La despartidización de los organismos electorales temporales, del mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la implementación del voto cruzado son algunos de los cambios sustanciales que ha experimentado el sistema de elección, a 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin a 12 años de guerra.
No hay dudas de que desde la suscripción de esos pactos el TSE se ha modernizado en cuanto a la administración y realización de las consultas electorales; sin embargo, también es cierto que, en cada elección, el fantasma del fraude sigue presente, aunque al final los ciudadanos y los partidos políticos en contienda han terminado aceptando y sin mayores sobresaltos los resultados electorales.
Atrás quedaron los descarados fraudes como los que se denunciaron en las elecciones de 1972 y de 1977 que llevaron a la postre al país a una guerra fratricida que duró más de una década y que concluyó con la firma de los Acuerdos de Chapultepec, el 16 de enero de 1992.
Precisamente en estos acuerdos entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de Alfredo Cristiani se estableció la necesidad de crear un nuevo organismo electoral que respetara la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y que garantizara la transparencia de los resultados de las votaciones.
Desde entonces se han operado cambios importantes y sustanciales, no solo en el ente electoral, sino también en el sistema electoral mismo, pues se dejó de votar por la bandera partidaria, en el caso de los diputados, y ahora el ciudadano tiene la opción de votar por el rostro de un candidato e inclusive, si quiere, puede votar por varios rostros de distintos institutos políticos a través del voto cruzado.
Producto de los Acuerdos de Paz y de las reformas Constitucionales de 1983, en 1991 se creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sustituyó al antiguo Consejo Central de Elecciones (CCE). Se nombró un organismo electoral de transición de cinco magistrados: el presidente que fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los restantes cuatro se los repartieron los partidos ARENA, PDC, PCN y CD.
Estos funcionarios fungieron en sus cargos de febrero de 1992 al 31 de julio de 1994 y tuvieron bajo su responsabilidad las denominadas “Elecciones del Siglo”, porque coincidieron en ese año las elecciones presidenciales con las de alcaldes y diputados. Además, por primera vez participaba la exguerrilla del FMLN con el candidato Rubén Zamora, quien perdió las presidenciales contra el arenero Armando Calderón Sol, quien falleció el pasado octubre.
Paralelamente a la creación del nuevo organismo electoral, también se aprobó el nacimiento de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), integrada por representantes de los partidos políticos y que tiene como función principal la supervisión de los procesos electorales.
En 1995 se inauguró el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), entidad responsable de la emisión del Documento Único de Identidad (DUI). Desde entonces el DUI se convirtió en el único carné válido para ejercer el sufragio. Con ello se suprimió la antigua Cédula de Identidad Personal (CIP), que era extendida por las alcaldías.
Cambios a fuerza de sentencias
Pero los cambios más importantes en materia electoral se han operado a partir de 2009, a raíz de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, más que por efecto directo de los Acuerdos de Chapultepec.
Por ejemplo: en abril de 2004, la Sala declaró inconstitucional la existencia de la circunscripción nacional, conocida como la Plancha Nacional. Ese fue uno de los primeros cambios sustanciales en materia electoral tras los Acuerdos de Paz de 1992.
Más recientemente y con la instalación de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, en julio de 2010 se emite una sentencia que habilita las listas cerradas y desbloqueadas y abre la puerta a las candidaturas no partidarias en las elecciones para diputados.
Un año después emitió otro fallo que causó polémica en la clase política al ordenar la cancelación de los legendarios partidos PCN y PDC por no haber alcanzado en la elección presidencial de 2009 la cantidad de votos para mantenerse con vida.
En 2011 también habilitó a todos los ciudadanos a fin de que puedan presentar recursos legales ante los organismos electorales y ya no solo los institutos políticos.
A partir de febrero de 2014, y previo a las elecciones presidenciales de marzo de ese año, se prohibió por fallo de la Sala que los funcionarios hagan proselitismo mientras estén en el ejercicio de sus cargos y en horas laborales.
Otro cambio importante en el sistema electoral salvadoreño es el relativo a que ahora los ciudadanos pueden votar por el rostro de uno o más candidatos a diputados, inclusive, de diferentes partidos políticos. Lo anterior se ordenó en el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2014.
A partir de las elecciones de 2015, los Concejos Municipales están integrados por regidores de diferentes partidos políticos, según los votos que obtengan en la elección de que se trate.
A partir de las próximas elecciones de alcaldes y diputados, los miembros que integran las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o mesas de votación estarán integradas por ciudadanos sin vínculos partidarios, de acuerdo con una sentencia de julio de 2015 que dictó el mismo tribunal constitucional.
Además, la Sala ordenó la creación de la Ley de Partidos Políticos que, entre otros aspectos, regula la elección de las autoridades partidarias y de los candidatos a cargos de elección popular a través del voto de sus militantes.
Esa misma normativa obliga a los partidos políticos a transparentar sus fuentes de financiamiento y a revelar a sus donantes privados.
Magistrados removidos por nexos partidarios
Sin embargo, la formación del mismo Tribunal Supremo Electoral también va en camino a experimentar cambios sustanciales, producto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que ha prohibido a militantes de los partidos políticos ejercer funciones jurisdiccionales y eso incluye la materia electoral.
Es así como varios funcionarios que fungieron en el Tribunal Electoral fueron removidos de sus cargos por su pertenencia a institutos políticos.
Los primeros en ser removidos fueron los magistrados Julio Moreno Niños (ya fallecido), del PCN, y Óscar Morales, magistrado suplente, por ser parte del PDC. La sentencia emitida en mayo de 2011 estableció la inconstitucionalidad de la elección de ambos funcionarios.
Posteriormente, en junio de 2014 y tras las elecciones presidenciales de ese año, la Sala de lo Constitucional también declaró ilegal el nombramiento de Eugenio Chicas como presidente del TSE. Durante el juicio de inconstitucionalidad la Sala estableció su militancia en el partido FMLN, del cual es parte de la Comisión Política.
Similar suerte corrió el magistrado Ulises Rivas, quien igualmente en 2017 fue removido por sentencia de la Sala al establecerse sus vínculos con el partido FMLN, aspecto que el mismo Rivas aceptó públicamente.
Esos son algunos de los cambios operados desde los Acuerdos de Paz en el sistema electoral y en el mismo TSE que se encamina poco a poco a su despartidización, para darle más poder y participación a la ciudadanía en el ámbito electoral.