Entre octubre y diciembre pasado, las autoridades reportaron cinco casos de feminicidio agravado en El Salvador, pero a la fecha solo uno de los supuestos responsables ha sido arrestado y procesado por ese delito en el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos.
Una de las víctimas era una comunicadora que tenía ocho meses de embarazo; dos eran amas de casa, una maestra y otra policía. A estas muertes se suma la sospechosa desaparición de Carla Mayarí Ayala Palacios, una agente que fue herida de bala por un colega tras una fiesta realizada en la base del Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía.
Este domingo se cumplen 10 días sin que sus familiares y ni las mismas autoridades conozcan su paradero.
Los asesinatos de la docente y de la policía, así como la desaparición de su colega fueron atribuidos por la Fiscalía a igual número de agentes.
El esposo de la maestra se suicidó tras quitarle la vida a ella; mientras que el agente ligado a la desaparición de su compañera está prófugo y la institución ha ofrecido una recompesa de $5 mil a cambio de información.
Del responsable del crimen de la profesional en comunicaciones no han informado nada las autoridades, como tampoco se sabe del señalado de matar a la ama de casa, hecho sucedido en Apopa.
El presunto asesino de la policía en Mejicanos es el único que ha sido detenido y acusado de feminicidio agravado. Es el único de los casos recientes en el que se ha podido llevar ante un juez, pero el Ministerio Público pidió reserva alegando que con eso se garantizaría protección a los dolientes y a los testigos.
Sin embargo, el juez Primero de Paz de Mejicanos rechazó la solicitud porque, según dijo, se trata de un hecho emblemático y que debe dejar lecciones, ya que los casos que involucran a funcionarios o empleados públicos deben ser conocidos por los ciudadanos.
Las víctimas
Una de estas cinco víctimas de feminicidio agravado fue Lilian Méndez, de 26 años, quien estaba a pocos días de dar a luz a su primer hijo.
La joven fue encontrada muerta, la mañana del 21 de octubre, a la orilla de la carretera, en el cantón Cupinico, en Olocuilta, La Paz.
Según fuentes policiales, la víctima fue estrangulada. Algunos allegados de la víctima relataron que desde hacía unos meses ella laboraba en un call center, donde conoció al padre del bebé.
Las fuentes aseveraron que Méndez y el hombre supuestamente tenían problemas porque él no quería asumir la paternidad del niño.
Las autoridades dijeron que estaban indagando si él participó en el feminicidio. A la fecha no ha sido detenido ni las autoridades han dado detalles de la investigación.
Un día antes, Cecilia Flores también fue ultimada por su cónyuge, frente al hijo de tres años. El crimen fue en Puerto Parada, Usulután. Se presume que el atacante, quien escapó, estaba ebrio.
Una situación similar ocurrió con Vilma Pérez, quien fue asesinada por José Adán Menjívar Miranda, su compañero de vida, frente a los dos niños que engendraron.
El ataque fue el 24 de octubre cerca de una gasolinera sobre la carretera Troncal del Norte, en Apopa. Ella iba a una sede policial a denunciarlo por violencia intrafamiliar.
El vigilante privado escapó, pero, desde el mes pasado, la Policía Internacional (Interpol) activó una difusión roja para dar con su paradero.
A la maestra Ángela Alberto le quitó la vida su compañero de vida, José Gómez, el 29 de diciembre en San Miguel de Mercedes, Chalatenango.
El policía, supuestamente alcoholizado, discutió con su pareja y la mató. Después, él se disparó en la cabeza y murió más tarde en el hospital.
Dos días después, la policía Lorena Hernández, destacada en la Subdelagación de Mejicanos, fue asesinada en los dormitorios de dicha sede policial. El principal sospechoso es su colega Néstor Mejía Coto, con quien también sostenía una relación extramarital.
Él, alcoholizado, la habría asesinado y luego alterado la escena para que pareciera un suicidio. El viernes fue enviado a prisión por el Juzgado Primero de Paz de Mejicanos.
Mientras tanto, desde hace 10 días se desconoce el paradero de Karla Ayala, una policía que la madrugada del 29 fue baleada por el agente Juan Josué Castillo tras una fiesta en la sede del GRP en San Salvador. Él se la llevó en una patrulla. Ambos están desaparecidos, mientras cuatro policías fueron acusados ante un juzgado por encubrimiento.