Para poner fin a la guerra de más de cincuenta años, los narcoterroristas de las FARC exigen la implantación de "la justicia social" en Colombia, lo que no definen pues no se puede definir, en qué consiste, qué legislatura la aprobaría, si para lograrlo será necesario cambiar la Constitución y si tal desaguisado no choca con acuerdos y convenciones internacionales, como es, lo decimos a guisa de ejemplo, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Narcoterroristas hablando de "justicia social"?
La cruz de los pueblos, en nuestra época, es la irreverencia de tantas figuras en el poder a lo que son conquistas fundamentales de la humanidad, a la jurisprudencia establecida, a la gobernanza, a principios de convivencia. Que una banda narcoterrorista tenga el desacato de proponer cambios al Orden de Derecho que rige en Colombia, un país de asentadas prácticas jurídicas, rebasa los extremos de lo tolerable.
¿Dónde están los estudios y análisis de la realidad colombiana, de lo que puede encajar con su economía en un momento de globalización y de vigencia de normas para el trato entre naciones, que haya producido un grupo de fanáticos enmontados que ha hecho del crimen y la violencia su apuesta política?
Pero hay un trasfondo repugnante: las FARC pretenden justificar su agresión a Colombia, sus crímenes, los enormes perjuicios causados a familias, comunidades, a la economía colombiana, al Hemisferio, enarbolando la bandera de la "justicia social". Todos los horrores perpetrados se justificarían por esa causa, la de implantar "la justicia social".
Haber convertido a Colombia en el mayor productor de cocaína y ser el sostén de las bandas de narcotraficantes que están transformando el norte de América en un infierno, se justifica por el "noble fin" que adoptaron: implantar en Colombia "la justicia social".
Nunca se proponen construir
pues carecen de capacidad para ello
Las FARC se ciñen a la tesis leninista de que el fin justifica los medios. No importa la enormidad de los crímenes que se cometan, la victimización de gente inocente, la destrucción de la propiedad pública y privada, la caída de tantos en el vicio, los desquiciamientos sociales causados, ya que "luchan" por la justicia social.
Pero, además, ese objetivo es casi imposible de alcanzar sin causar males peores, el primordial de ellos, la destrucción del Orden de Derecho en el país.
Las leyes que rigen en Colombia no son un amontonamiento de ocurrencias y de buena o tolerable legislación, hecho a lo largo del tiempo, sino un cuerpo orgánico en el que las partes encajan unas con otras para que no existan contradicciones o choquen entre si.
Esas leyes encajan con las prácticas internacionales pues, de lo contrario, Colombia se iría aislando, a un grave costo de su crecimiento económico y desarrollo social y cultural. Los países no pueden hacer lo que les da la gana, como Somalia o Corea del Norte, sin que caigan en la barbarie.
La pretensión de meter en una camisa de fuerza a Colombia, la camisa de fuerza de las tonterías, causaría más daño al país, que si continúa la guerra, una guerra que es imposible ganar para las FARC.
Bandas como las FARC no se proponen construir, pues no cuentan con las ideas ni la experiencia para ello, sino que simplemente destruyen para hacerse del poder e implantar la ley de la selva.