El exsecretario privado de la Presidencia en el Gobierno de Antonio Saca, Élmer Charlaix, está recluido en el penal La Esperanza (Mariona), a la espera de la audiencia preliminar en el proceso que se le sigue en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador por los delitos de peculado (malversación de fondos), lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Por los mismos delitos están siendo procesados el expresidente de la República Antonio Saca, así como César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia; Pablo Gómez, auxiliar técnico de la UFI, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de la Tesorería Institucional.
Todos están en prisión desde octubre de 2016.
El Ministerio Público los señala de presuntamente haber desviado 298 millones 683,945 (entre 2004 y 2009) provenientes de fondos públicos a no menos de 15 cuentas particulares.
Según la Fiscalía, para hacer las transferencias de dinero, como primer paso Saca y Charlaix habrían creado una normativa que les facilitara “el desvío de fondos públicos para provecho personal o de terceros... confabularon la creación de una normativa secundaria”.
Esta herramienta fue llamada “Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control, y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República”.
Este reglamento fue creado por Saca justo el primer día al frente de su Presidencia, 1 de junio de 2004.
Los más de $298 millones supuestamente fueron desviados a 15 cuentas bancarias que estaban a nombre de Charlaix, Rodríguez Arteaga y Gómez.
De esa cantidad millonaria de dinero que se presume fue sustraído de las cuentas de la Presidencia, 180 millones 475 mil 904 dólares fueron cobrados en efectivo, señala el Ministerio Público.
Saca quiso frenar proceso civil contra Charlaix
Desde agosto pasado, Saca también es procesado en el Juzgado Noveno de Paz por el delito de cohecho activo (dar dinero a cambio de dádivas) porque habría ofrecido $10 mil a Ángela Iracema Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, para que le filtrara información sobre el proceso abierto contra Charlaix y su esposa por enriquecimiento ilícito y al final quedara nulo.
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En esa ocasión, la Fiscalía aseguró que lo que Saca buscaba era dilatar el avance del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra su exhombre de confianza.
Para ello, Saca habría contactado al abogado Víctor Manuel Melgar para que fuera el enlace con Avelar Salinas.
Melgar y Avelar fueron arrestados en septiembre pasado junto a otros empleados judiciales acusados de diversos actos de corrupción.