El Director de Medicamentos no tiene tiempo para reunirse con fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, pero de inmediato acude a la Fiscalía para estudiar sanciones penales y procesos contra ellos.
Desde la perspectiva de funcionarios del actual régimen, si se da la orden ésta debe cumplirse de inmediato, pues como nunca trabajaron en el mundo real, ignoran los procesos que implican un etiquetado, hacer entregas de productos, colocarlos en los anaqueles, hablar con los dueños de farmacias y los productores, etcétera.
De hecho se han divulgado listas de precios, precios sacados de una fórmula cuestionada, como sacada de la manga.
Al no haber precios fijos y como no es de un día a otro que se imprimen etiquetas, se revisan, se clasifican, se distribuyen, se cortan, se pegan… etcétera, muchas medicinas se quedan embodegadas, pero el garrotazo está listo para esa eventualidad: acusar a distribuidores, fabricantes y farmacéuticos de "acaparamiento". Y además de acusarlos, amenazan con pedir de inmediato medicamentos a quien los tenga, seguramente a los que vendieron los camiones chatarra que compró la anterior municipalidad roja de San Salvador.
Si aquí toma meses o años certificar la calidad y la efectividad de un medicamento, las importaciones exprés puede ser de lo que algún grupo chavista tenga a disposición, de calidad y efectividad desconocida.
Como nunca han trabajado, no entienden los problemas
El régimen a duras penas disimula la profunda antipatía, el visceral antagonismo que siente por los productores en general y por los fabricantes de medicinas en particular. Casi al inicio del régimen uno de los titulares de Salud insultó y difamó a los laboratorios, comparándolos con narcotraficantes y alegando que ellos "ganaban billones" y que, de inmediato, iba a ordenar una exhaustiva investigación.
Pues si investigaron, no encontraron nada reprochable y se quedaron callados. Callados preparando la siguiente agresión, que es la ley decretada con el voto de comunistas y sus grupos aliados.
Los fabricantes, los grupos que distribuyen los medicamentos, los visitadores médicos, han pedido en reiteradas ocasiones reunirse con las instancias en cuyas manos está la aplicación de la ley, pero no han tenido éxito, no los reciben y al no recibirlos les niegan un derecho básico en países que se rigen bajo un orden de leyes: el derecho a la audiencia, poder exponer sus posiciones, responder a cargos o malas interpretaciones, discutir cuestiones que son vitales para una actividad en la que trabajan directamente decenas de miles de salvadoreños. A los empleados de las farmacias los obligan a tomar un curso que cuesta una buena parte de su salario.
Personas, y nos incluimos, que han dirigido negocios y tienen experiencia como productores, desconocemos lo que en otros sectores económicos se hace, los problemas que deben resolver, lo medular de esas actividades. Por ese desconocimiento –-aquí se sabe de esto y allá se conoce de aquello-- cuando hay concordancias, problemas inesperados, interés en coordinar esfuerzos, etc., las partes se reúnen, exponen lo que es su industria, oyen con atención lo que otros hacen.
Ha sido muy enriquecedor en nuestra vida visitar otras empresas y fábricas, recorrerlas al lado de sus gestores, admirar sus logros, lamentar los problemas que los aquejan.
Pero eso es lo que nadie en el actual régimen quiere hacer y por ello ningún funcionario pone pie en fábricas o entiende lo que mira y tratan de explicarle.