Durante los 12 meses del año pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)recibió más apelaciones de ciudadanos lo cual refleja, según las autoridades de esta instancia, que hay conocimiento de la población de cómo emplear este mecanismo de participación ciudadana a pesar de la resistencia que aún mantienen ciertos funcionarios de diferentes instituciones del Estado de no entregar información que es de naturaleza pública.
El comisionado del Instituto, René Cárcamo, confirmó que desde el 1 de enero de 2017 hasta diciembre pasado se presentaron 589 recursos de apelación. A esta cifra hay que agregar 45 casos de denuncia por irregularidades en los procesos de entrega de información y otros 66 expedientes donde hubo falta de respuesta por parte de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR).
Las cifras demuestran que las apelaciones aumentaron en 163 casos respecto a las 426 recibidas en 2016, dato que refleja, según Carcamo, un cambio en la cultura del derecho de acceso a la información.
“La gente ya no se queda solo con la respuesta que le dan en la OIR, eso está cambiando porque hay más conocimiento de como funciona la Ley de Acceso a la Información y que el IAIP es la instancia para resolver estos casos donde, en su mayoría, no se está entregando información que es oficiosa y que debe de estar a disposición de toda la ciudadanía”, dijo Cárcamo.
Las instituciones con las apelaciones ante el IAIP son el ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la alcaldía de San Salvador y la Universidad de El Salvador. Además destaca, en el listado elaborado por el Instituto, la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas de la República.
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Sin embargo, en materia de apelaciones de ciudadanos por no entregar datos personales, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Centros Penales son las primeras en la lista porque ambas instituciones niegan a ciudadanos eliminar los antecedentes penales de solvencia policial luego de que el imputado haya cumplido su condena o incluso se le haya sobreseido.
“Muchos ciudadanos han ido al Instituto porque siempre les aparecía antecedentes cuando tramitaban sus constancias y por ello pedían sus expedientes para demostrar que sus casos ya eran cosa juzgada o incluso habían sido sobreseidos, sin embargo la PNC o Penales no les entregaba la información”, explicó Carcamo sobre este punto.
El comisionado también recordó que en los últimos meses se ha capacitado a 3,670 personas sobre la Ley de Acceso a la Información, la mayoría de estos de municipalidades y del sector educativo público y privado, un tema donde se ha buscado apoyo de la cooperación internacional para su aplicación.
Siguen casos en la Sala de lo Contencioso
Por otra parte el IAIP fue demandado 19 veces ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ durante 2017. La institución que más recurrió a la Sala fue el Banco de Desarrollo (Bandesal), además del Ministerio de la Defensa y el Instituto Nacional de Pensionados Públicos (Inpep).
“La Ley expresamente dice que si el ciudadano no está conforme con la resolución brindada puede acudir a la Sala pero aquí es la administración pública la que va a la Sala, eso limita el derecho de acceso a la información y las facultades del Instituto”, afirmó Cárcamo.
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Para Eduardo Escobar, miembro de la organización Acción Ciudadana, esta práctica debe de eliminarse porque la Sala solo debe de admitir recursos de los ciudadanos, no de funcionarios o instituciones.
“Es algo que se está volviendo una práctica recurrente y se está violando la independencia que debe de tener el Instituto porque cuando ellos ordenan que se entregue la información se debe de acatar un fallo de tipo administrativo”, consideró Escobar.
El miembro de esta organización de la sociedad civil también considera que al IAIP se le debe de dotar de más recursos financieros ya que, de momento, el presupuesto asignado no sobrepasa los $2 millones y se debe de buscar cooperación internacional para mejorar la capacitación de oficiales de información y aumentar la cobertura de sus funciones.
El IAIP además espera que en los próximos meses la Sala de lo Constitucional revierta los criterios que emitió en octubre y que están limitando el acceso de la ciudadanía a información pública.