Antonio Pérez, nombre ficticio, estuvo detenido durante tres días hace unos 20 años por un problema que tuvo en el parqueo de un centro comercial con la conductora de un auto.
La mujer le quitó el espacio para estacionarse y él para desquitarse le quiso jugar, lo que él llamó “broma inocente”. Esa broma le costó pasar 72 horas en bartolinas de la Policía porque la mujer lo acusó de intentarle robar el carro.
Sin embargo, en las instancias judiciales solventó el problema y logró salir librado de los cargos que le formuló la Fiscalía al comprobarse que nunca hubo tal delito.
Casi 20 años después se llevó la sorpresa de que en la oficina de solvencias de la Policía no le habían eliminado esos antecedentes delictivos, pese a que un tribunal de justicia lo había librado de los cargos que le hacía la Fiscalía.
Antonio necesitaba la solvencia policial para presentarla en su empleo en una institución autónoma. Al tramitarla este año, 2017, en la Policía le dijeron que no se la podían dar por ese antecedente.
Después de insistir , le dijeron que se la iban a entregar pero con la marginación de que estuvo detenido hace unos 20 años, pese a que había sido exonerado de la acusación.
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Eso le habría acarreado problemas en su trabajo y hasta lo podrían haber despedido de su empleo. Tras contratar un abogado por fin obtuvo su solvencia de los antecedentes policiales por la cual pagó $3.50 pero al abogado le tuvo que pagar $250 para que presentara una petición jurada del cierre completo del caso.
El caso de Antonio Pérez no es el único. Hay muchas personas que han llegado a la Policía a pedir la solvencia de antecedentes delictivos, pero en el sistema informático todavía aparecían con cargos penales, pese a que ya habían solventado sus problemas legales con la justicia.
Lo anterior demuestra que la Policía, a pesar de contar con un moderno sistema informático, aún no ha depurado la información de las personas que una vez fueron procesadas por algún delito, pero que luego demostraron que eran inocentes.
El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), René Cárcamo, explicó que en 2017 se presentaron 105 casos de apelación contra la PNC y 52 contra la Dirección de Centros Penales. Lo anterior porque los denunciantes pidieron sus solvencias policiales y de antecedentes criminales pero aparecían con cargos, a pesar de que cumplieron condena o fueron declarados inocentes.
“La gente pedía sus datos personales y su expediente a la PNC o a Centros Penales para que en la constancia se suprimiera eso en virtud de que no se comprobó participación en delitos, incluso habían casos donde los ciudadanos habían sido absueltos pero permanecían con esa condena perpetua, por eso la gente pedía su expediente para demostrar que los casos eran cosa juzgada o que incluso ni fueron condenados”, agregó Cárcamo.
El comisionado recordó que en estas audiencias en IAIP ordenó a la PNC y a Centros Penales a entregar información actualizada a los ciudadanos, quienes, en su mayoría, pedían solvencias para lograr un empleo.
El director general de la Policía, Howard Cotto, aseguró que el problema radica en que las autoridades judiciales no actualizan la información de las personas que han sido exonerados de los delitos por los que fueron procesadas.
“Para efectos del derecho las cosas se deshacen como se hacen”, dijo Cotto, quien agregó que “una orden de captura se formaliza de parte de un juez, la única forma de dejar sin efecto esa orden de captura es con una orden juez donde nos lo establece”.
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Agregó que “en algunos casos podría estar sucediendo que los jueces no tienen la premura para mandar cuando ha quedado sin efecto una orden de captura”.
Se preguntó: “Si a la fecha que en el tribunal le dicen a la persona que su situación está solventada, ¿ellos han tomado las medidas necesarias para notificar a la Policía que esa orden ya no tiene efecto?”.