"El terreno donde se construirá la terminal del SITRAMSS, que mide 4844 metros cuadrados, fue donado al Estado por la Alcaldía de Soyapango el 27 de abril de 2012, un mes y medio después de que el exedil, Carlos Ruiz, perdiera las elecciones y apenas tres días antes de entregar el poder", informó el miércoles este periódico, nota en la que, además, se cuestiona la validez de una resolución del Ministerio de Medio Ambiente otorgada cuatro días después de presentarse la solicitud y sin que se siguieran los trámites y los plazos usuales.
"Esa (donación)", continúa la noticia, "fue hecha pese a que la ley que rige los gobiernos municipales prohíbe donaciones de bienes públicos en el año de una elección y restringe a los municipios para que no lleven a cabo ninguna transferencia de esos bienes en el lapso de 180 días antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades…"
El ilegal donativo anticipa la posibilidad de saqueo de bienes municipales y del país que podría tener lugar antes del cambio de gobierno en junio de 2014.
Esa clase de "privatizaciones" se ha dado desde siempre, pero hasta el cuartelazo de 1979, cuando por presiones del expresidente Carter, de Estados Unidos, la izquierda se hizo con el poder, se pasó de tibio y de pequeñeces, al rojo vivo y de camionada.
Al finalizar el primer régimen de izquierda de El Salvador, el saqueo perpetrado en Casa Presidencial, ministerios y dependencias públicas fue pasmoso: cargaron con tomas eléctricos, muebles, puertas, luces de techo, inodoros y lavamanos, cortinas… lo "transportable" se transportaba. Y eso pese a que días antes aquel grupo de probos patriotas invitó a varios representantes de ARENA para mostrar el buen estado de las dependencias.
Ahora, por las señales abundantes que se vienen dando, no serán muebles y computadoras sino, además, actividades económicas (de ALBA-voy-por-todo) y concesiones como lo relacionado con SITRAMSS.
No quieren que la gente escarbe los sepulcros blanqueados
Que nadie se asombre si las fuentes geotérmicas terminan concesionadas a brasileros, pues inclusive se sabe de un sudamericano que pretende que le den en concesión sitios y monumentos nacionales de primer rango (Teatro Nacional de San Salvador y Santa Ana, etc.) para explotarlos por muchos años, ello ad maiorem gloriam "del turismo".
Mientras menos luz haya dentro de la iglesia, más fácil es alzarse con los objetos sacros. En el caso de bienes públicos, la diferencia la hace el acceso o no acceso a la información. De allí los incesantes meneos de parte de la Asamblea, del partido official y sus incondicionales aliados, así como del Ejecutivo, para hacer de la ley de la transparencia la ley de la opacidad.
Lo que buscan es que sean los funcionarios quienes determinen la conveniencia o inconveniencia de permitir acceso a la información, la que, de por sí, es de carácter público pues son actos pagados con dineros públicos, no con los fondos privados de gente en el gobierno.
Es más que comprensible que el actual régimen se oponga a que se escarben los sepulcros blanqueados que marcan su paso por la vida pública. No quieren que se vean las gusaneras ni los esqueletos dentro, y que los hay en gran abundancia, gusanos y esqueletos. Que en unos meses les den el finiquito sus propios nombrados y a disfrutar del botín.