Cory Reyes tiene miedo. Cada mañana teme que ese sea el día en que todo cambie para mal. Teme que agentes de Migración irrumpan en su casa, la detengan en el camino al trabajo o mientras recoge a sus hijos de la escuela; teme que la separen del espacio que ha sido su hogar por casi 20 años. Teme desaparecer de la vida de sus hijos. Teme tener que desaparecer de su comunidad y huir para no perder a su familia. Esa es la angustia que la persigue, aunque ella está “protegida”.
Desde 2001, Cory es parte de los cientos de miles de salvadoreños que lograron obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, un programa que le ha dado un respaldo legal que la protege de la deportación y le permite trabajar.
Aunque el TPS brinda a sus poseedores un estado temporal de legalidad y protección, los ha dejado sumergidos en un ciclo de incertidumbre, de temer que llegue el día en que no sea renovado y se cancele por completo.
Por casi 17 años, Cory ha tenido que pasar por ese ciclo cada 18 meses. Para renovar su TPS se debe someter a un minucioso proceso de supervisión de su historial, además de pagar más de $300 para volver a recibir el estatus y el permiso para trabajar.
Otros temas: Incertidumbre por TPS opaca festejos navideños en EE.UU.
Cada vez que se acercan las fechas de vencimiento del TPS, el miedo comienza a perseguir a Cory y solo la deja tranquila con el anuncio de que ha sido renovado. La última renovación del TPS para los salvadoreños fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) el 18 de julio de 2016, con una extensión hasta el 8 de marzo de 2018. La decisión de si el TPS volverá a ser renovado para los salvadoreños podría conocerse durante los primeros días de enero.
Para Cory, la intranquilidad de no saber qué hacer es peor que en años anteriores.
En noviembre pasado, la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, anunció la terminación del TPS para Nicaragua y Haití. Y, aunque para Honduras se extendió por seis meses más, desde el 5 de enero al 5 de julio de 2018, lo más probable es que también se cancele al concluir ese período.
“¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Lo irán a cancelar o a dejar? Es una angustia muy fea”, dice Cory. Piensa en sus tres hijos, de 11, cuatro y dos años. Piensa en la casa que con tanto sacrificio ha logrado conseguir, en sus amigos de la iglesia, del trabajo y del vecindario. En qué decisión deberá tomar.
Actualmente los 195,000 salvadoreños que poseen TPS están atrapados en ese mismo escenario de incertidumbre.
¿Dónde viven los salvadoreños con TPS?
Hasta octubre de 2017, había un total de 317,660 beneficiarios del TPS, originarios de los diez países que eran parte del programa, según datos del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés). Entre esos países, además de Haití, Honduras y Nicaragua, están ciudadanos de Siria, Nepal, Somalia, Sudán, Sur de Sudán, Siria y Yemen. Pero, aunque son varios países, del total de beneficiarios, el 61.38% son salvadoreños. Además, con Haití y Honduras conforman más del 90% de poseedores de TPS.
¿Qué es el TPS?
El TPS es un programa extendido por Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o explosiones de violencia, escenarios que impiden el regreso seguro a sus lugares de origen.
Un análisis realizado por el CRS en noviembre de 2017 detalla que, en 1990, El Salvador se convirtió en el único país al que el congreso estadounidense le concedió el TPS. Esta primera designación terminó en 1992 con el fin del conflicto armado. Tras el desastre dejado por el Huracán Mitch en noviembre de 1998, la entonces fiscal general, Janet Reno, anunció que suspenderían temporalmente las deportaciones de los migrantes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
El TPS que, hasta la fecha, se ha venido extendiendo para los salvadoreños, fue brindado en 2001 por la administración de George Bush tras los terremotos que afectaron al país. Los salvadoreños que actualmente cuentan con TPS tenían que haber ingresado a Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001. Desde entonces, el TPS ha sido extendido 11 veces. Para cada ocasión, los salvadoreños han tenido que reinscribirse, completando los requisitos exigidos por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el pago de la reinscripción.
En julio de 2016, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión del TPS por 18 meses más, argumentó que El Salvador aún mantenía las frágiles condiciones que dieron lugar a la designación del TPS en 2001. El documento publicado decía que aún existían problemas sustanciales en las condiciones de vida en el país, producto de desastres ambientales. Además, señalaba el incremento de la violencia y la inseguridad, convirtiéndose en uno de los obstáculos principales del crecimiento económico.
Vea: EE.UU.: Senadores discutirán propuesta de ley para regular a beneficiarios del TPS
“El Salvador continúa siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales”, citaba el anuncio firmado por el exsecretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.
La situación en El Salvador no ha cambiado desde entonces, pero en esta ocasión, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump podría ser la cancelación del programa.
El ambiente incierto actual ha llevado a que, durante las últimas semanas, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, mantenga un cabildeo constante entre distintas entidades de Estados Unidos para abogar por una nueva extensión del programa.
“El Salvador todavía no tiene las condiciones para un retorno masivo ni para minimizar el impacto que tendrá en las remesas familiares”, sostiene el coordinador de la unidad de monitoreo y estudios de Cristosal Juan José García.
Para el investigador de la Universidad Don Bosco Jaime Rivas la preocupación de las autoridades salvadoreñas ante la situación actual es evidente, ya que siguen sin existir las condiciones en el país para que la población con TPS vea como una opción viable volver a El Salvador. “Aunque sean 10 mil personas, no están las condiciones en el país para el retorno de estas personas”, señala Rivas.
Eduardo, nombre ficticio, ha decidido que regresar a El Salvador no es viable para él. “Ya no se puede vivir allá”, dice sobre la situación de violencia. El país que él dejó ya no es el mismo.
Eduardo aún no tenía los 21 años cuando partió hacia Estados Unidos en el año 2000, solo llevaba sus conocimientos como mecánico automotriz y los sueños de mejorar su vida y la de sus padres. “Uno viaja para acá para un mejor futuro. Todos creo que venimos con esa mentalidad”.
Según un estudio del Center for Migration Studies (CMS), 45,500 hogares de salvadoreños con TPS tienen hipoteca. El perder los permisos para trabajar legalmente podría llevar a juicios hipotecarios.
Pero además del impacto económico, la separación familiar es una de las principales preocupaciones de las comunidades de salvadoreños con TPS y de las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes.
Óscar Chacón, director de Alianza Américas, una importante red que reúne organizaciones de migrantes y promigrantes, explica los riesgos que corren las familias. “En el caso hipotético de que los padres de familia enfrentaran una deportación inminente, lo mas prudente sería hace arreglos legales que transfieran la tutoría de los menores de edad a una persona especifica”, dice. Ya que en caso de que no haya ningún mayor de edad que pueda quedar legalmente a cargo de los hijos menores de edad de beneficiarios del TPS, la autoridad legal o estatal podría hacerse responsable de los niños.
El CMS destacaba que solo el hecho de enfrentar el miedo a la separación familiar, puede generar efectos negativos en los niños. Chacón añade que aún no saben a ciencia cierta cuáles serán las implicaciones en cuanto a responsabilidades financieras que podría enfrentar una persona deportada.
“Considerando la concentración de poseedores de TPS, eliminar el TPS puede conllevar repercusiones económicas negativas para comunidades enteras”, destacaba el artículo del CMS.