El Chompipe de la fiesta

El Chompipe de la fiesta Al fin se celebró la fiesta de los ?Socios para el Crecimiento?, y a los dos días renunció el ministro de seguridad. A la gente mal pensada, vale decir a casi toda la gente, le pareció que los dos hechos estaban al menos relacionados, pero el presidente desmintió en un comunicado oficial, de manera ?categórica?, que la renuncia fuera producto de presiones externas. Algún día sabremos porqué los políticos creen que la gente les cree cuando dicen esas cosas, pero ahora lo más importante es evaluar si realmente se ha abierto alguna perspectiva con la renuncia del ministro. Falta todavía ver si hay más cambios en el gabinete de seguridad, tal como ha sugerido el presidente, y falta ver, sobre todo, si los relevos pueden aportar ideas, capacidades, sinergias o virtudes de liderazgo diferentes, manteniendo, por supuesto, el nivel de decencia del ministro saliente. Si las personas que nombre el presidente no tienen cualidades y capacidades extraordinarias, allí muere la flor. En ese escenario, el nuevo ministro podrá viajar a los Estados Unidos y sentarse a discutir con representantes del gobierno de ese país, pero no habrá cambios significativos en la seguridad pública y solo se comprobará que funcionó la presión externa que el presidente ha negado con tanta vehemencia. Al contrario, si los relevos son muy promisorios, es decir si el presidente nos sorprende a la mitad de su período, honrando al fin su promesa de campaña, en el sentido de poner en los cargos a los mejores cuadros disponibles, entonces tendrá mucho sentido práctico analizar los vectores que hasta ahora han restado eficacia al gobierno, y los que podrían dar mejor dirección y mayor impacto a las políticas y a los planes de seguridad. La renuncia de Melgar por sí misma no cambia nada. Su desempeño no determinó la ineficacia del gobierno en materia de seguridad. Al contrario, bajo su gestión se hicieron algunas cosas buenas. Tal vez le faltó la personalidad idónea o el don de liderazgo necesario para obtener resultados más contundentes, y en ese sentido un cambio de mando podría ser válido para energizar a la tropa, afinar los planes de guerra y apretar las tuercas más flojas de la maquinaria, pero debe entenderse, para no caer en pensamientos mágicos, que el problema no era Manuel Melgar, y que la solución, en consecuencia, tampoco estará solo o primordialmente en la sustitución del ministro. Para comenzar, habrá que ver si el gobierno ha logrado tener ya, después de más de dos años, una apreciación analítica rigurosa del problema de los homicidios, que ha sido, de lejos, el más resistente a sus intervenciones. Esto parece obvio, pero no lo es. Conocer con rigor los determinantes y los factores que configuran la tasa de homicidios requiere inteligencia, investigación profunda y sistemas estadísticos de mucha mayor precisión que los que hasta ahora se pueden observar en las instituciones públicas. Hasta ahora hemos visto informaciones fragmentarias, pero no tenemos todavía una radiografía profunda, una apreciación sistemática y completa del problema de los homicidios en El Salvador. Cae por su peso que sin una herramienta de este tipo será muy difícil reducir drásticamente los delitos más violentos. La anterior deficiencia está relacionada con la concepción del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia como ente rector de las políticas del ramo. La disfuncionalidad de esta dependencia viene de antes, de decisiones erráticas de gobiernos anteriores, pero es claro que la actual administración no ha traído novedades importantes en la manera de entender el rol del ministerio y en la manera de organizar sus funciones. Por ello, es hora de replantear en su dimensión orgánica la conducción del sector de seguridad del gobierno, comenzando por revisar el esquema de un superministro, el coordinador del gabinete de seguridad, que probablemente ha restado poder y sentido de responsabilidad a los funcionarios a cambio de muy discutibles beneficios en materia de coordinación. Otro aspecto que debe revaluarse aprovechando la coyuntura del cambio de ministro es la eficacia del rol de la Fuerza Armada. La definición del mandato fue desde su origen un tanto precipitada y efectista, como muchas otras decisiones en este gobierno. En otras ocasiones hemos calificado como verdadera chapucería jurídica los decretos ejecutivos 60 y 70 que dieron origen a la intervención de los militares en el nuevo gobierno. Ahora habrá que añadir que también fueron chapuceros desde el punto de vista de reflejar una estrategia bien pensada en el ramo de seguridad. De todas las deficiencias, sin embargo, las más importantes son las que se refieren al compromiso del partido de gobierno y al liderazgo directo del presidente de la república. El partido ha estado como la señora de los panes, con su canasto en una esquina, viendo pasar a los transeúntes, sin asumir compromisos serios con la erradicación del homicidio como lacra social. A lo más se ha dedicado, con algo de paranoia, a asegurar posiciones de control partidario en las jefaturas policiales, pero sin celo por la eficacia de la corporación en el combate del delito. ¿Y el presidente? Pues a él le corresponde la mayor responsabilidad. Su liderazgo ha sido débil y muy indirecto. Tal vez debe definir con precisión el estado de excepción necesario para reformar y depurar el sistema de justicia penal. Con esa base, no debiera ser mucho pedir que el poder del Estado y la fuerza formidable de miles de guerrilleros y soldados aplasten a los grupos de asesinos cobardes que nos tienen en zozobra. Salvador Samayoa