La perversión del órgano legislativo La aprobación del decreto 743, a mediados del año pasado, fue el primer intento del FMLN y sus aliados por anular la capacidad de cuatro magistrados de la sala de lo constitucional para emitir sentencias que no eran del agrado de las cúpulas de los partidos políticos. Ya en esa ocasión asustaron con el petate del muerto y hasta ARENA se fue en el barco inicialmente. Inventaron que esos magistrados tenían en su agenda la anulación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y no sé cuántas otras decisiones supuestamente nefastas para el país. Había que detenerlos a como diera lugar.
En aquella ocasión, ARENA reconoció prontamente su error y se retractó, rompiendo desde entonces el consenso legislativo contra la Sala de lo Constitucional y dejando claramente configurada la alianza de FMLN-Gana-CN-Pes que se ha mantenido firme en su cometido inicial de preservar incólume la partidocracia y eliminar su principal amenaza. La sostenida presión ciudadana en defensa del estado de derecho obligó a derogar el infame decreto, pero ya desde entonces el bloque de aliados del FMLN amenazó con antejuicios, destituciones y otras formas bastante burdas de intimidación a los magistrados. Habiéndose restituido temporalmente el estado de derecho, el referido bloque legislativo guardó los cañones en espera de los resultados de las elecciones que tendrían lugar en marzo del corriente año. La expectativa era que ARENA quedaría pulverizada y el bloque oficialista se alzaría con los votos suficientes para elegir con mayoría calificada a los nuevos magistrados y al nuevo presidente de la CSJ en la legislatura que tomaría posesión el 1 de mayo. De esa forma, lograrían su cometido sin necesidad de desgastarse violentando el estado de derecho. Pero los resultados electorales no les fueron favorables. FMLN, CN y Pes consiguieron menos diputados que en 2009. Gana obtuvo dos diputados enteros y nueve residuales, pero no logró compensar la pérdida de sus aliados. Salieron de las elecciones de 2012 con llave para mayoría simple, pero sin posibilidad de mayoría calificada a no ser que pudieran entenderse con ARENA. Se activó, entonces, de inmediato, el plan B, realizar anticipadamente la elección de nuevos magistrados y la de Fiscal General, para no tener que hacerle concesiones a ARENA. Fue esa elección anticipada la que desató la cadena de acontecimientos que nos ha llevado a la grave crisis en la que nos encontramos. En respuesta a demandas interpuestas por ciudadanos, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales esas elecciones, de lo cual se desprendía que las mismas debían llevarse a cabo en la nueva legislatura que recién se había instalado. El bloque FMLN-Gana-CN-Pes optó por desconocer la autoridad constitucional de la Sala, lo cual ha desatado una avalancha de reacciones de la sociedad civil repudiando el desacato en que incurrieron y todavía mantienen lo referidos partidos. Los diputados rebeldes han querido confundir a la opinión pública y volcarla a su favor, pero, lejos de lograrlo, han provocado un consenso cada vez mayor de los juristas más respetados y de una gran cantidad de organizaciones y analistas políticos de diverso signo ideológico, que unen todos sus voces para exigir respeto a la Constitución y cumplimiento de las sentencias del máximo tribunal constitucional. Frente a todos los argumentos vertidos en contra de sus actuaciones al margen de la ley, frente a la posición casi unánime de las principales organizaciones representativas de todos los sectores sociales y económicos, los diputados de FMLN-Gana-CN-Pes han mantenido una actitud de prepotencia, burla y desprecio. Se les olvida a estos señores y señoras que no han llegado a la Asamblea Legislativa por sus lindas caras, que están ahí para representar la voluntad y las aspiraciones de la población. Al ignorar la voluntad de los ciudadanos están pervirtiendo la razón de ser y única fuente de legitimidad del órgano legislativo, están anulando de facto la esencia de la democracia representativa como forma de gobierno consagrada de manera inalterable en la Constitución del Estado salvadoreño. Si piensan que con el pronunciamiento que firmaron en la sesión plenaria del pasado jueves han resuelto el problema están muy equivocados.
Si piensan que se puede retornar a la normalidad de la vida institucional sentando por la fuerza de las armas de la PNC o del Ejército a unos magistrados elegidos ilegalmente están muy equivocados. Lo que están provocando es un prolongado impasse y una situación de anarquía. Habiendo sentado ellos mismos el precedente de que se vale desacatar la autoridad de la CSJ cuando se crea tener buenas razones para ello, ¿qué les hace pensar que su autoridad será respetada? ¿Con qué argumentos o autoridad moral intentarán prevalecer cuando alguien decida desafiarlos o ignorar sus sentencias? ¿Qué hará el gobierno ante los hechos de desobediencia civil que probablemente ocurrirán como resultado de la anarquía que están propiciando? El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debe meditar cuidadosamente sus actuaciones y ser extremadamente prudente en sus decisiones sobre el uso de la fuerza pública para hacer prevalecer una situación que surge del desacato a la ley fundamental del Estado. Las consecuencias pueden ser gravísimas. Un paso en falso sería suficiente para acarrearse una situación de ingobernabilidad y total estancamiento económico en lo que resta de su mandato. Por su parte, los diputados de esos partidos que nos están llevando al despeñadero deben tomar conciencia de sus responsabilidades individuales, porque en menos de tres años tendrán que rendir cuentas y someterse cada uno al juicio de los ciudadanos. Hay mucho que discutir, mucho que negociar para ir fortaleciendo la institucionalidad democrática y afinando los mecanismos de control del poder político; pero nada de eso puede hacerse legítimamente sobre la base del desacato a la autoridad. La ley debe cumplirse como está; después, si quieren, pueden modificarla. La perversión del órgano legislativo Por Joaquín Samayoa Observador Político La aprobación del decreto 743, a mediados del año pasado, fue el primer intento del FMLN y sus aliados por anular la capacidad de cuatro magistrados de la sala de lo constitucional para emitir sentencias que no eran del agrado de las cúpulas de los partidos políticos. Ya en esa ocasión asustaron con el petate del muerto y hasta ARENA se fue en el barco inicialmente. Inventaron que esos magistrados tenían en su agenda la anulación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y no sé cuántas otras decisiones supuestamente nefastas para el país. Había que detenerlos a como diera lugar.
En aquella ocasión, ARENA reconoció prontamente su error y se retractó, rompiendo desde entonces el consenso legislativo contra la Sala de lo Constitucional y dejando claramente configurada la alianza de FMLN-Gana-CN-Pes que se ha mantenido firme en su cometido inicial de preservar incólume la partidocracia y eliminar su principal amenaza. La sostenida presión ciudadana en defensa del estado de derecho obligó a derogar el infame decreto, pero ya desde entonces el bloque de aliados del FMLN amenazó con antejuicios, destituciones y otras formas bastante burdas de intimidación a los mLa perversión del órgano legislativoagistrados. Habiéndose restituido temporalmente el estado de derecho, el referido bloque legislativo guardó los cañones en espera de los resultados de las elecciones que tendrían lugar en marzo del corriente año. La expectativa era que ARENA quedaría pulverizada y el bloque oficialista se alzaría con los votos suficientes para elegir con mayoría calificada a los nuevos magistrados y al nuevo presidente de la CSJ en la legislatura que tomaría posesión el 1 de mayo. De esa form, lograrían su cometido sin necesidad de desgastarse violentando el estado de derecho. Pero los resultados electorales no les fueron favorables. FMLN, CN y Pes consiguieron menos diputados que en 2009. Gana obtuvo dos diputados enteros y nueve residuales, pero no logró compensar la pérdida de sus aliados. Salieron de las elecciones de 2012 con llave para mayoría simple, pero sin posibilidad de mayoría calificada a no ser que pudieran entenderse con ARENA. Se activó, entonces, de inmediato, el plan B, realizar anticipadamente la elección de nuevos magistrados y la de Fiscal General, para no tener que hacerle concesiones a ARENA. Fue esa elección anticipada la que desató la cadena de acontecimientos que nos ha llevado a la grave crisis en la que nos encontramos. En respuesta a demandas interpuestas por ciudadanos, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales esas elecciones, de lo cual se desprendía que las mismas debían llevarse a cabo en la nueva legislatura que recién se había instalado. El bloque FMLN-Gana-CN-Pes optó por desconocer la autoridad constitucional de la Sala, lo cual ha desatado una avalancha de reacciones de la sociedad civil repudiando el desacato en que incurrieron y todavía mantienen los referidos partidos. Los diputados rebeldes han querido confundir a la opinión pública y volcarla a su favor, pero, lejos de lograrlo, han provocado un consenso cada vez mayor de los juristas más respetados y de una gran cantidad de organizaciones y analistas políticos de diverso signo ideológico, que unen todos sus voces para exigir respeto a la Constitución y cumplimiento de las sentencias del máximo tribunal constitucional. Frente a todos los argumentos vertidos en contra de sus actuaciones al margen de la ley, frente a la posición casi unánime de las principales organizaciones representativas de todos los sectores sociales y económicos, los diputados de FMLN-Gana-CN-Pes han mantenido una actitud de prepotencia, burla y desprecio. Se les olvida a estos señores y señoras que no han llegado a la Asamblea Legislativa por sus lindas caras, que están ahí para representar la voluntad y las aspiraciones de la población. Al ignorar la voluntad de los ciudadanos están pervirtiendo la razón de ser y única fuente de legitimidad del órgano legislativo, están anulando de facto la esencia de la democracia representativa como forma de gobierno consagrada de manera inalterable en la Constitución del Estado salvadoreño. Si piensan que con el pronunciamiento que firmaron en la sesión plenaria del pasado jueves han resuelto el problema están muy equivocados.
Si piensan que se puede retornar a la normalidad de la vida institucional sentando por la fuerza de las armas de la PNC o del Ejército a unos magistrados elegidos ilegalmente están muy equivocados. Lo que están provocando es un prolongado impasse y una situación de anarquía. Habiendo sentado ellos mismos el precedente de que se vale desacatar la autoridad de la CSJ cuando se crea tener buenas razones para ello, ¿qué les hace pensar que su autoridad será respetada? ¿Con qué argumentos o autoridad moral intentarán prevalecer cuando alguien decida desafiarlos o ignorar sus sentencias? ¿Qué hará el gobierno ante los hechos de desobediencia civil que probablemente ocurrirán como resultado de la anarquía que están propiciando? El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debe meditar cuidadosamente sus actuaciones y ser extremadamente prudente en sus decisiones sobre el uso de la fuerza pública para hacer prevalecer una situación que surge del desacato a la ley fundamental del Estado. Las consecuencias pueden ser gravísimas. Un paso en falso sería suficiente para acarrearse una situación de ingobernabilidad y total estancamiento económico en lo que resta de su mandato. Por su parte, los diputados de esos partidos que nos están llevando al despeñadero deben tomar conciencia de sus responsabilidades individuales, porque en menos de tres años tendrán que rendir cuentas y someterse cada uno al juicio de los ciudadanos. Hay mucho que discutir, mucho que negociar para ir fortaleciendo la institucionalidad democrática y afinando los mecanismos de control del poder político; pero nada de eso puede hacerse legítimamente sobre la base del desacato a la autoridad. La ley debe cumplirse como está; después, si quieren, pueden modificarla.