El régimen venezolano se quita la máscara
Ya sabíamos que las elecciones en Venezuela eran una farsa. Cuando se tiene aunque sea un mínimo de honestidad política, no se le puede llamar de otra manera a los eventos electorales del chavismo. Cuando el candidato oficial dispone de horas interminables de propaganda y de discursos en la televisión estatal, después, por supuesto, de que el régimen ha cerrado decenas de estaciones de radio y todos los canales de televisión independientes; cuando el régimen ha inhabilitado o encarcelando a tantos líderes opositores, cuando ha desmantelado los sindicatos independientes, como hizo con el despido masivo de más de 15,000 trabajadores de PDVSA en 2002; cuando el candidato del oficialismo ha gastado decenas de millones de dólares del erario público para el reparto de prebendas y para el financiamiento de su campaña; cuando el Ministro de Defensa -golpista en el 92- ha intimidado a la población advirtiendo que la Fuerza Armada no reconocerá otro presidente que no sea el candidato oficial; cuando el régimen controla completamente el Consejo Nacional Electoral,
hace falta mucho fanatismo para calificar como democráticas las elecciones. Esa era ya la situación antes del 14 de abril. En esas condiciones ganó Chávez todas sus elecciones, menos la primera en 1999. La única diferencia es que al ?Comandante? le alcanzaban esas ventajas para ganar, y en ese sentido el proceso era claramente viciado y antidemocrático, pero la votación propiamente dicha era relativamente limpia. Maduro, en cambio,
ha tenido que recurrir a cualquier cantidad de subterfugios, incluyendo la imposición de un padrón que excluyó a decenas de miles de jóvenes que alcanzaron la edad para votar después de cerrar el registro con el que se realizaron las elecciones de octubre de 2012.
A esta ?irregularidad? se agregaron otras no menos importantes y bien documentadas, como la exclusión en el conteo de los votos de más de 50,000 venezolanos en el exterior, el fallo de más de 300 máquinas automáticas, el cierre prematuro de urnas en circunscripciones opositoras, la prolongación de la hora de cierre en feudos gobiernistas y la anulación discutible de muchos miles de votos. Así ganó Maduro, con una diferencia porcentual cercana al 1.5%,
según el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento en que el CNE hizo público ese resultado, la situación
era la normal de un proceso electoral muy poco democrático y de un resultado bajo sospecha de fraude, o al menos de errores de computación, como ha ocurrido otras veces en muchos países. El problema mayor, ya no el de las ?irregularidades? electorales, sino el de la imparcialidad y la garantía democrática del sistema político y de las instituciones del Estado, se presentó a partir de la demanda -legítima y legal- de recuento de votos que presentó la oposición.
En esa instancia el régimen, ya con todos sus poderes aunados,
se quitó la máscara,
se despojó de cualquier apariencia de legitimidad y de legalidad, se quitó el disfraz de democrático y procedió a proclamar en firme la victoria de Maduro, desestimando sin vacilaciones el recurso del recuento que pedía el partido opositor en representación de la mitad -o más- de los venezolanos. Esta no fue una conducta propia de un poder electoral independiente y de un sistema político democrático.
Para contraste, dos ejemplos cercanos. El primero, hace 7 años en San Salvador. Cerradas las votaciones para alcalde en la ciudad capital, el Tribunal pronunció un resultado favorable a la oposición. El partido de gobierno lo objetó y el Tribunal tomó la decisión de no proclamar al ganador de la contienda hasta abrir las 59 cajas en las que estaban los 84 votos impugnados que podían cambiar el resultado. Esto lo hizo con intachable transparencia, ante las cámaras de televisión y en presencia de todos los partidos. Por cierto, en esa ocasión el FMLN realizó las protestas a las que cualquier partido tiene derecho en una democracia, y su coordinador, Medardo González, arengó a la militancia diciendo: ?Camaradas, la lucha continúa ya, hoy y mañana, porque no vamos a permitir que ese presidente mañoso (refiriéndose a Tony Saca -qué cosas !!!) y ese partido mañoso nos quiten la alcaldía de San Salvador?. El segundo ejemplo, más lejano en el tiempo, pero tal vez más significativo,
fue el de la disputa entre los
candidatos presidenciales G.Bush y A.Gore en las elecciones del 7 de noviembre de 2000. La diferencia en el estado de Florida, que definía al ganador de
la elección presidencial, fue menor al 0.5%.
El perdedor exigió recuentos primero de máquinas y después manuales, primero en algunos condados
y después en todo el Estado. El problema
se remitió a la Corte Suprema de Florida primero y luego a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para no hacer larga la historia, el litigio se alargó dos largos meses hasta que el 6 de enero de 2001 el Congreso declaró ganador de la elección a George Bush.
En su sentencia final, la Corte Suprema justificó los procedimientos judiciales argumentando ?la aceptación pública de los resultados que requiere la legitimidad y la estabilidad democrática?. El problema de Venezuela, como el de otros países de la región, no es si en una u otra elección ganó uno u otro candidato. Probablemente Maduro, con todas sus ventajas antidemocráticas, haya ganado, tal como dijo el CNE. Nosotros no podemos emitir opinión sobre ese hecho, pero el verdadero problema, sobre el que sí podemos y debemos opinar, es que ante la demanda legítima de la oposición, el Consejo Electoral y otras instituciones
se hayan subordinado a un poder absoluto que al no tener contrapesos no se ha visto obligado a respetar la voluntad popular. Si además comienzan ahora a reprimir a la oposición, tanto peor. Eso nos concierne directamente, porque en El Salvador, como en Nicaragua y en Honduras, hay fuerzas políticas empeñadas en construir el mismo modelo antidemocrático de control
de todas los órganos e instituciones del Estado y de cooptación o anulación -y si hace falta, represión- de todas
las fuerzas de oposición. Salvador Samayoa