La diferencia más importante
Observador Político D aniel Ortega anunció el viernes pasado que no dejará el poder cuando termine su mandato, que se queda por tiempo indefinido. Igual que las viejos dictadores de derechas. Igual que Chávez, que en paz descanse. Igual que Evo en Bolivia. Igual que Correa en Ecuador.
El viernes pasado mandó su proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional para dejar vía libre a ilimitadas y continuas reelecciones. Lo mismo que quería hacer Zelaya en Honduras. Lo mismo que quería hacer Cristina en Argentina. Existen diferencias políticas muy importantes entre las corrientes democráticas liberales y las que se enmarcan en el llamado socialismo del siglo XXI, pero la más importante de todas, sin duda, es que los partidos y los líderes democráticos respetan la alternancia en el ejercicio del poder, mientras que los partidos y los gobernantes con ideología mesiánica, populista, totalitaria y estatista, cuando llegan al poder se instalan, tuercen el andamiaje jurídico del Estado, pervierten las instituciones, burlan la voluntad de la gente, cambian a su antojo las reglas y se quedan por décadas sin que haya manera de sacarlos del poder. Antes del surgimiento del chavismo, en una correlación de fuerzas internacionales que no permitía muchos desplantes, Ortega cedió la alternancia a doña Violeta Barrios de Chamorro, cuando perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990.
Ya con el chavismo en plena expansión, asumió por segunda vez la presidencia de Nicaragua en enero del año 2007, sin posibilidad de reelección por prohibición expresa de la Constitución. Para seguir en el poder era necesario, entonces, cambiar la constitución por vía legislativa o declarar inaplicable por vía judicial la prohibición de reelección. La limitación del art. 147 de la Constitución de Nicaragua no era absoluta; permitía dos presidencias que no fueran continuas, pero, justamente, Daniel estaba ya en su segunda presidencia, y como no tenía en ese momento los 56 votos (60% de 92) necesarios en la Asamblea Nacional, recurrió al recurso del amparo para poder postularse nuevamente como candidato en las elecciones de 2011. Con ese recurso comenzó una serie increíble de acontecimientos en los que se vieron burladas las leyes y las instituciones del Estado. El viernes 16 de octubre de 2009 Ortega presentó, en total secreto para evitar el debate público, un recurso ante el Consejo Electoral (CSE) pidiendo ?aclaración? sobre el artículo 147 de la Constitución.
En cuestión de minutos el CSE se declaró incompetente para ?aclarar? y pasó el recurso al Tribunal de Apelaciones, que también en cuestión de minutos amparó a Ortega y pasó el recurso a la Sala Constitucional de la CSJ. La Sala, durante el fin de semana, en horas no laborales y sin convocar como manda la ley a los magistrados
liberales, con la sola presencia de jueces sandinistas, adoptó el lunes 19 de octubre una resolución que evidentemente ya estaba escrita de antemano.
Así fue declarado inaplicable, en 24 horas hábiles, con la complicidad de tres organismos del Estado controlados por los sandinistas, el art. 147 de la Constitución. Faltaba, sin embargo ratificarlo en Corte Plena. Para ese propósito, Ortega emitió un decreto en enero de 2010 ordenando que se mantuvieran en sus cargos unos 20 funcionarios, a pesar
de que había expirado ya el tiempo de su mandato constitucional. Entre los beneficiados con el adefesio jurídico estaban dos magistrados de la Corte: Rafael Solís y Armengol Cuadra. Ya con sus peones asegurados en la Corte, Ortega urdió el paso siguiente: la ratificación en Corte Plena de lo actuado por la Sala Constitucional.
Los magistrados liberales se negaron a asistir, alegando, con razón, que en la convocatoria estaban incluidos de manera ilegal los dos jueces mantenidos por el decreto de Ortega. En su lugar, fueron convocados seis ?conjueces? sandinistas. Así se produjo el jueves 30 de septiembre de 2010 la ratificación totalmente fraudulenta de la sentencia, también fraudulenta, que la Sala Constitucional emitió en octubre de 2009. En el mismo auto, la Corte Sandinista ordenó inscribir a Ortega como candidato para las elecciones presidenciales de noviembre 2011. Lo que ocurrió el viernes pasado, el envío por parte de Ortega de un proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional, no es más que el último acto de esta cadena de atropellos al Estado de derecho. Esta vez, los sandinistas sí tienen los votos que antes no tenían para aprobar la reforma. Será entonces cuestión de puro trámite. En pocas semanas la Asamblea Nacional dará rango constitucional a la posibilidad de reelección continua de Ortega hasta que muera, si así lo desea. Los proyectos de democracia liberal tienen diferencias importantes con los proyectos de socialismo del siglo XXI. En general puede afirmarse que unos proclaman el mayor nivel posible de libertad
y la menor intervención posible del Estado en la sociedad y en la vida privada de las personas, mientras que otros defienden la mayor cantidad posible de regulaciones y controles.
Unos proponen la menor cantidad posible de impuestos, en la frontera con el debilitamiento del Estado, mientras que otros defienden la mayor cantidad posible de impuestos, con tendencia a la confiscación de utilidades y patrimonios. Unos plantean superar la pobreza con mayor crecimiento económico. Postulan el empleo como la mejor y la más digna política social, pero tienden a poner toda su apuesta en un rebalse que no siempre se produce. A los otros les cuesta salir de los enfoques asistencialistas. Proponen ayudas estatales y programas sociales para mitigar la pobreza, pero tienden a situarse en los linderos del clientelismo y el populismo. Unos abogan por la libertad de expresión sin restricciones, mientras que los otros manifiestan una tendencia casi enfermiza a censurar, hostigar y clausurar los medios de prensa independientes. Unos se apegan con mayor normalidad a estilos de gobierno pluralista y poco autoritario, mientras que los otros tienden a estilos presidencialistas más partidarios, menos amables y más autoritarios. Estas y otras diferencias importantes entre los proyectos de los partidos debieran ventilarse con mayor acuciosidad para que no parezca que todos son iguales. Tal vez sea cierto que todos nos defraudan de alguna manera cuando gobiernan, pero la gran diferencia, la más importante de todas las diferencias, es que a unos los podemos cambiar y a otros no. Si llegan, se quedan. Por Salvador Samayoa