Política de patrañas

Política de patrañas Observador Político E l último capítulo del caso CEL-ENEL es una manipulación burda de la justicia con fines políticos electorales, pero su verdadero fondo es el de una trama de enriquecimiento y un impuesto encubierto para usos discrecionales de los últimos dos gobiernos. El manto con el que se ha pretendido legitimar la posición gubernamental es el interés del Estado, pero su discurso no ha pasado de ser una patraña ideológica soberanista. La ecuación simplísima, de primer grado con una incógnita, que ha planteado el gobierno es la siguiente: minoría de acciones del Estado en LaGeo igual a pérdida económica y entrega de nuestros recursos naturales. Es evidente que a los que defienden ese planteamiento no se les da bien ni la aritmética, no digamos el álgebra que sería necesaria para plantear el problema como un sistema de ecuaciones simultáneas. O tal vez lo que no se les da bien es la honestidad para no engañar a la gente. A ver, qué es más, el 60% de 100 o el 40% de 1000? Decida usted, amigo lector, si le dan a escoger alguna de estas dos opciones, con cuál se queda. Seguro se dará cuenta que el 40% de 1000 es 400, y que eso es mucho mejor que 60% de 100, que es 60. Pues bien, ese simple ejercicio de aritmética no lo han hecho bien ni el presidente Saca ni el presidente Funes. Ambos han rechazado un porcentaje minoritario de un negocio grande en favor de un porcentaje mayoritario de un negocio pequeño. Peor aún, han pretendido quedarse con el control total ahora que ya aumentó la operación de LaGeo, producto de la inversión , la tecnología y la administración de ENEL. En esa pretensión no parecen entender que sin participación extranjera no se podría alcanzar ni mantener, mucho menos aumentar el nivel actual de producción. Así las cosas, en pocos años, habiendo expulsado como quieren al socio estratégico, el Estado tendría el 100% de un negocio muy reducido, en vez de algo como el 49% de un negocio grande y en permanente expansión. ¿En qué sentido podría eso ser beneficioso para el Estado? El único argumento válido en favor de la probable lesividad del contrato de socios era la posibilidad de que a través de capitalizaciones ilimitadas de sus inversiones, la empresa italiana dejara con una participación porcentual ínfima al Estado. Ese sí era -y todavía es- un reclamo válido, a diferencia del argumento de la mayoría accionaria como equivalente de soberanía y de beneficio nacional, situado en la frontera de la más absoluta necedad. Para subsanar este legítimo reclamo, consta en documentos que ENEL ofreció en varias ocasiones renegociar el acuerdo de socios, limitar a un porcentaje cercano a la mitad más uno su mayoría accionaria y fortalecer, aunque ya era sólidos, los derechos y garantías del socio minoritario. Entonces, si realmente querían proteger el interés del Estado, bien pudieron aceptar estas ofertas de renegociación del acuerdo, después de cumplir, por supuesto, con el laudo arbitral. Eso hubiera sido lo correcto en términos de beneficio para el Estado, calculado todavía solo en términos de dividendos de LaGeo. Pero la mayor miopía o mala fe de los gobernantes ha estado en no entender que además de las utilidades de la empresa, el mayor beneficio para el Estado estaba en una mayor oferta de energía más limpia y más barata, que habría beneficiado a todos los hogares, a todas las empresas, a todos los proyectos de desarrollo nacional y, por añadidura, habría generado más ingresos por impuestos al Estado, sin la necesidad de mayor endeudamiento. Cómo es posible que no entendieran eso, tan simple y evidente? En verdad es difícil creer que no lo entendieron. Por eso piensa tanta gente que la defensa del interés del Estado no ha sido más que una patraña ideológica soberanista para encubrir otros intereses. Si además consideramos la manera grotesca como se han aprovechado de la inocencia de la gente diciéndole que están evitando que una empresa extranjera se apropie de nuestros recursos naturales, no queda más que calificar todo su discurso como pura patraña de falsa exaltación soberanista. Una patraña es una mentira compleja y bien elaborada que se cuenta a otras personas para conseguir algo. A eso se ha prestado en consonancia con los designios del presidente el bloque mayoritario en la Asamblea, incluyendo a partidos que en su momento aprobaron la ley general de electricidad que ahora cuestionan. Sus conclusiones, a todas luces parcializadas, definieron el curso político en el que surgió y trabajó la comisión especial de la Fiscalía hasta llegar al requerimiento de juicios penales y civiles en contra de varios exfuncionarios del gobierno del presidente Francisco Flores. En ese contexto de evidentes presiones del bloque de poder, el Fiscal presentó el lunes un requerimiento digno de Poncio Pilatos. ?Conviene ratificar -expresó- que esta investigación no ha crucificado a nadie?. En resumidas cuentas, le pasó el entuerto al juez y se lavó las manos. A unos les dio gusto poniendo en tela de juicio la honradez de ex funcionarios del partido ARENA en el momento más álgido de la campaña electoral. A los propios involucrados les mitigó un poco el impacto de la acusación al remitirlos a un juzgado en vez de mandarlos directamente a prisión. En realidad no tenía nada contra ellos. Para algunos habían prescrito ya los presuntos delitos. A los otros no les podía probar, ni siquiera señalar, que hubieran obtenido algún beneficio, elemento formal indispensable para la validez de la acusación. Bien analizado, todo este proceso no es más que la criminalización ex post facto de una estrategia económica y de una política de gobierno. El presidente Funes ha denunciado en reiteradas ocasiones la ?privatización encubierta?, como si estuviera tipificado en la ley algún delito de ?privatización?. En su denuncia ha soslayado, por supuesto, que lo más parecido a una privatización fue lo que hizo su propio protegido, el Señor Salume, bajo la presidencia de Antonio Saca, cuando endosó las acciones de la CEL a la INE. Es justo y necesario exigir responsabilidades a los altos funcionarios. Eso no es problema. Al contrario, ojalá lo hagan con todos. El problema es que este proceso más que a justicia huele a manipulación de la justicia. Por Salvador Samayoa