¡A ese desgraciado lo meto preso!

¡A ese desgraciado lo meto preso! Observador Político N o solo en El Salvador se escuchan palabras agresivas, acusaciones y amenazas de cárcel de los gobernantes a los opositores políticos. Los hechos más graves de esta modalidad de prepotencia y abuso del poder en los últimos años se han dado en la Venezuela chavista y en países de su órbita de influencia continental. Los dictadores tradicionales no amagaban, no pretendían respetar los derechos de las personas ni las instituciones del Estado. Solo metían a la cárcel a los opositores, sin proceso judicial. Eran más represivos, pero menos hipócritas. Los de ahora, especialmente los ?socialistas del siglo XXI?, acusan a los opositores a través de diatribas mediáticas y luego piden al Fiscal ?investigar y actuar con celeridad?. El resultado es el mismo: los opositores terminan en la cárcel. Solo hay dos diferencias: una es que ahora hacen la pantomima de los procesos judiciales; la otra es que antes las dictaduras y los regímenes antidemocráticos y autoritarios en América Latina eran de derecha, mientras que ahora son de izquierda, o al menos así se autoproclaman. La Mesa de Unidad Democrática de Venezuela denunció el lunes pasado, a tres semanas de las elecciones del 8 de diciembre, que el presidente Maduro arremetió contra otro dirigente de la oposición, el diputado y candidato a Alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola. En cadena nacional de radio y TV, Maduro acusó al candidato opositor de ?estar robando al pueblo? y pidió a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ?actuar con la misma celeridad que en casos anteriores?. Al día siguiente, martes 19, en la misma línea de impedir una competencia electoral justa, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó al candidato de la Mesa de Unidad para la alcaldía de Baruta, David Uzcátegui. Como referencia de la importancia de estas inhabilitaciones, Valencia es la tercera ciudad de Venezuela, y Baruta es un municipio grande que ocupa el 14 % del área metropolitana de Caracas y tiene más de 240,000 habitantes. Más o menos como si aquí en El Salvador estuviera en el poder ARENA y ocupara a su monigote en la Corte de Cuentas para inhabilitar, a tres semanas de las elecciones, a los candidatos del FMLN para las alcaldías de San Miguel y de Santa Tecla. ¿Qué creen que pasaría en una situación como esa? Bueno, pues en Venezuela no pasa nada. Esa es la conducta habitual del régimen: la fabricación de entuertos administrativos, las acusaciones penales, la persecución política, la intimidación y la inhabilitación de candidatos, especialmente cuando el régimen teme importantes derrotas electorales frente a líderes opositores con mayor credibilidad y prestigio ante la población. A finales de febrero de 2008 el Contralor General, cargo equivalente al de presidente de la Corte de Cuentas en El Salvador, declaró la inhabilitación de 272 candidatos opositores. No tres o cuatro, sino doscientos setenta y dos candidatos opositores que aspiraban a diversos cargos en legislaturas estatales, alcaldías y gobernaciones en las elecciones municipales y regionales del 23 de noviembre de 2008. Quince de estos candidatos apelaron, pero como el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que la Corte de Cuentas y el Tribunal electoral, está totalmente controlado por el partido de gobierno, la apelación fue desestimada. Entre los inhabilitados estaban ni más ni menos que el candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas, Leopoldo López, y los candidatos a gobernador en tres de los Estados más importantes del país: Anzoátegui, Miranda y Táchira. En esas condiciones de farsa electoral tuvo que ?competir? la oposición. La cosa fue y sigue siendo más o menos así: como no te puedo ganar, no te dejo jugar. Con ese recurso de patética cobardía quisieron inhabilitar también al candidato a Alcalde de Maracaibo, el gobernador de Zulia y excandidato presidencial, Manuel Rosales. Pero no pudieron sacarlo a tiempo de la contienda y procedieron, entonces, al mismo expediente de acusación mediática del propio presidente, acción fiscal subsiguiente y condena judicial complaciente. Igual que en otros casos, solo que esta vez el procedimiento no pudo completarse antes de las elecciones. A Rosales lo detestaba Chávez con especial y personal afectación, entre otras razones por su participación en el intento de golpe de Estado de abril de 2002. El 12 de octubre de 2008, a 6 semanas de las elecciones, Chávez lo amenazó con memorable virulencia. Sus exactas palabras ameritan registro como referencia de actuaciones igualmente prepotentes de Maduro y de otros presidentes. ?Tú, Rosales ?le dijo? andas conspirando contra mí, pero vamos a ver quién dura más en el mapa político venezolano. ¡Te voy a barrer del mapa político venezolano!, desgraciado, bandido, hampón, mafioso, corrupto y ladrón!... voy a meter preso a Manuel Rosales, lo voy a desaparecer del mapa político venezolano. A ese desgraciado lo meto preso?. Dicho y hecho. Chávez sabía a qué atenerse. Ya la denuncia de ?enriquecimiento ilícito? estaba puesta en la Fiscalía con antelación a la furibunda diatriba. El reparo, fabricado también por la ?Corte de Cuentas?, se hizo por 68,553 dólares de incremento en el patrimonio de Rosales durante su período como gobernador de Zulia. El líder opositor no se amilanó. Se presentó a las elecciones y ganó la alcaldía de Maracaibo el 23 de noviembre. 18 días después, siguiendo los designios de Chávez, el Ministerio Público procedió a la imputación. El 19 de marzo del siguiente año lo acusó ante el Tribunal 6° de Control de Zulia. Pocos días después, Rosales dejó el cargo, salió de Venezuela y solicitó asilo político en Perú. Ojalá no se implanten nunca esas prácticas en nuestro país. Los presidentes no deben amenazar con cárcel a los opositores. No les corresponde. Para eso hay otras instancias del Estado y de la sociedad. Si lo hacen, inhiben la libertad de expresión y en ese aspecto dañan profundamente la democracia. Además es injusto y ventajista volcar contra personas particulares el inmenso poder que detentan los gobernantes. Además, a menos que sean ejemplarmente honestos, se puede pensar que sus acusaciones son una cortina de humo para encubrir sus propias actuaciones. Además esa práctica es la de nunca acabar, porque luego viene de regreso la guadaña de la historia y los pone a temblar. Además la altanería y la prepotencia se ven muy mal. Y además, envenenan el clima de convivencia social. Por Salvador Samayoa