Los Albanegocios son el inicio de nuevos monopolios, el resultado de las últimas leyes con dedicatoria que la bancada roja y sus incondicionales aliados han venido aprobando. Ponen límite a las tasas de interés que los bancos pueden cobrar, para en esa forma "auxiliar" a los centenares de miles de personas y pequeños emprendedores a quienes obligan a escoger entre dos opciones: el usurero del pasaje o la soga comunista.
Y esto es sólo el comienzo…
Igual que con la serie de negocios que han anunciado: están forzando alzas en los precios de los medicamentos que aquí se fabrican y que son obra de un importante sector industrial, para proceder a un "dumping" con preparados cuya efectividad queda en manos del régimen, para, en tal forma, ir acaparando el mercado salvadoreño.
Ya el país pasó por eso en los años Ochenta: los duartistas crearon monopolios (después de haber denunciado y atacado durante veinte años a monopolios que sólo existieron en su imaginación) para controlar sectores claves de la economía. Al inicio del régimen se estatizó la banca, el comercio exterior, grandes sectores de la agricultura, los insumos agrícolas… lo que, de inmediato, causó carestías además de destruir la agricultura, las exportaciones y el sistema financiero.
En aquellos tiempos, para recibir un crédito bancario había que pagar un diez o doce por ciento del monto al gestor, por lo general alguno de los personajes en el entorno de la presidencia que también controlaba la emisión de dinero.
Un esquema como este, denuncia ANEP, se presta para lavar dinero; se presta porque las contralorías independientes dejaron de funcionar, al igual que los contrapesos institucionales que existen en todo sistema democrático de gobierno.
Opulencia de la cúpula dorada,
tristeza para el resto
Las dictaduras siempre inician controlando unos cuantos sectores económicos hasta abarcar todo el trabajo de una nación, como sucedió con el primer Somoza en Nicaragua, continúa con los sandinistas y ahora se cierne sobre El Salvador.
La cúpula de los comunistas ha amenazado a ANEP con demandas por sus declaraciones, amenazas que buscan no sólo silenciar a la gremial, sino también a aquellos grupos y asociaciones que denuncien o señalen lo que, obviamente, carece de transparencia y que tampoco encaja con prácticas normales en países democráticos. Son muchos los que no están de acuerdo con lo que sucede, como el pasado domingo lo declaró el Arzobispo de San Salvador.
Las gremiales, como los medios de información, deben cumplir con su función de fiscalizadores de lo que hace un régimen como el actual, que ha ido eliminando los contrapesos institucionales, tomándose las judicaturas y cerrando información, al punto que mucho de lo que la gente mira y sospecha, se oculta detrás de cortinajes y candados para impedir que se exponga.
Hay interrogantes que no tienen respuesta por ahora. La primera, ¿qué se hace con el dinero de los presupuestos y las partidas que se desvían al Ejecutivo? La segunda, ¿de dónde sale el dinero que está corrompiendo al cuerpo político? La tercera, ¿cómo se paga el lujoso modo de vida de los principales funcionarios y sus familiares, tan distante de los tiempos previos a su ascensión al poder?
Opulencia de un pequeño grupo de individuos y carestías para la pobre gente.