El impuesto a la construcción odos los nuevos gobiernos cargan con muchos problemas heredados de la administración saliente.
Ninguno de ellos es tan grave como los esfuerzos que los funcionarios de la vieja administración hacen para tapar los errores que ellos han hecho en el pasado, haciéndolos parecer como que no fueron errores o, que si lo fueron, se debieron a las circunstancias, no a profundas metidas de pata.
El nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén debe tener mucho cuidado de que, de esta forma, los múltiples y graves errores del gobierno actual lo contaminen de entrada.
Lo que más preocupa no son las malas condiciones en las que el actual gobierno está entregando la administración, sino lo que el gobierno actual puede hacer para tapar los graves problemas que las conforman antes de que la nueva administración comience a funcionar. En vez de resolverlos, todas estas ideas complican aún más los problemas porque, por supuesto, vienen de la misma mentalidad que los generó.
El que crea los problemas no puede resolverlos.
De esta forma, el gobierno presentó la semana pasada varios proyectos de ley para introducir nuevos impuestos, que pinta como que (a) fueran a resolver el problema fiscal; (b) como que si fueran inocuos para la economía; y (c) como que no causaran ningún problema político.
No hay manera de que produzcan los 200 millones de dólares que el gobierno dice que producirán.
Pero ese es el menor de sus defectos. Es más serio que todos ellos causarían graves problemas a la economía y a gran número de personas, a grupos muchos más grandes que los que Hacienda dice, y que por eso conllevarían a serios problemas políticos.
Por ejemplo, Hacienda dice que el impuesto a los ?bienes suntuarios? va a impactar sólo a los ?ricos?.
Hacienda parece creer que es bueno impactarlos, aunque al mismo tiempo el gobierno quiere que inviertan.
Parece también creer que un uno por ciento del valor de los inmuebles es poco, cuando en realidad es mucho.
Haga este cálculo.
Un apartamento de vivienda de 350 mil dólares en este momento paga en promedio un alquiler de 1,100 dólares al mes netos de pago de seguridad, seguros y mantenimiento, o sea 13,200 dólares por año.
De esto, el gobierno cobra el 25 por ciento en impuesto sobre la renta, o sea 3,300 dólares.
La renta anual neta de impuestos y gastos es de 9,900 dólares.
Ahora viene el gobierno y pasa el impuesto del 1 por ciento del valor, que equivale a 3.500 dólares anuales, con lo que la renta efectiva para el dueño se reduce a 6,400 dólares anuales, o poco más de 500 dólares al mes. Es decir, para los que creen que el 1 por ciento es poco, el nuevo impuesto es equivalente a más que una duplicación del impuesto sobre la renta. El gobierno se lleva el 50 por ciento de las rentas del inmueble.
Esto deja una rentabilidad de sólo el 1.8 por ciento sobre el capital invertido.
Esto, por supuesto, es así en las viviendas de alquiler.
Si de lo que se trata es de oficinas para rentar, hay que pagar IVA, que rebaja la rentabilidad a 1.3 por ciento.
En este caso, el gobierno se lleva el 65 por ciento de las rentas del inmueble.
Y el gobierno está haciendo esto sólo sobre los bienes raíces.
¿A quienes va a afectar esto?
Una gran parte de la demanda por la construcción, que es una de las fuentes más grandes de empleo en el país, es la compra de unidades para alquilar.
Pero, ¿quién va a querer invertir en viviendas u oficinas para alquilar si los bancos pagan más en las cuentas de ahorro que lo que les quedaría a los que inviertan en bienes raíces?
Al secarse esta inversión, se desplomará aun más la demanda de construcciones, que ya está baja, y se quedará mucha gente sin empleo.
¿Inocuo el impuesto?
¿Pocos los afectados?
Los otros impuestos son igual o más nocivos.
El nuevo gobierno debe ver más allá de lo que le dicen los que han llevado al país de ser grado de inversión a emisor de bonos basura en un solo período presidencial.
Por Manuel Hinds Observador Político T