Las razones de los magistrados Salvador Samayoa En días recientes la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que tendrá repercusiones importantes en el sistema político de nuestro país, particularmente en el sistema electoral. La demanda que estudió la Sala fue promovida por un ciudadano particular que alegó inconstitucionalidad del nombramiento del magistrado Eugenio Chicas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral por su pertenencia al partido
FMLN, pero el fallo determinó de manera general que la pertenencia a un partido político, cuando se trata de cargos con funciones jurisdiccionales, viola el principio de independencia judicial. El mandato de cinco años del magistrado Chicas termina dentro de tres semanas por lo que, si la sentencia se hubiera referido solo a su nombramiento, no estaríamos ante una situación compleja y de difícil manejo político, pero la Sala estableció que su decisión tiene efectos hacia el futuro y que ?en lo sucesivo la Asamblea Legislativa no puede integrar el TSE con personas que tengan afiliación partidaria?.
A partir de esa prohibición podemos esperar bastante controversia en las próximas semanas, ya que antes del 31 de julio la Asamblea debe elegir a los miembros del nuevo Tribunal, con principios y reglas diferentes a los que han prevalecido desde la firma del Acuerdo de Paz. Nadie puede poner en duda que tanto en el Acuerdo de Paz, como en la reforma constitucional acordada en abril de 1991, la fórmula de garantía que las fuerzas políticas de ese tiempo encontramos para asegurar que nadie hiciera trampa en las elecciones fue la de constituir un tribunal con representantes de los partidos. Ya en la reforma de 1983 fue esa, sin duda, la intención del constituyente, pero la orientación quedó aún más clara en la reforma que surgió del Acuerdo de Paz. Entre otras muchas citas que pueden hacerse para documentar esta posición, es particularmente relevante la del Acuerdo N° 2 de reforma constitucional del 29 de abril de 1991, en cuyos considerandos se expresó textualmente que ?en las actuales circunstancias que vive el país requiere de un mayor concurso de representantes de los distintos partidos políticos en el referido TSE, con el objeto de darle mayor confiabilidad al próximo proceso eleccionario...? Veníamos de una democracia de burro amarrado contra tigre suelto. Era necesario -absolutamente necesario, podríamos decir- pasar a una nueva democracia de tigres cuidando a tigres. No podía ser de otra manera. Todos desconfiábamos de todos, con sobradas razones. La desconfianza incluía, por cierto,
a los ?independientes?. Por eso decidimos que cada una de las fuerzas políticas mayoritarias pudiera cuidarse sus propias espaldas.
Ese pacto político y esa concreta manera de integrar el TSE constituyó uno de los pilares en los que se asentó la credibilidad de las elecciones y, por tanto, la legitimidad del poder. Con el paso del tiempo, en el período 2004-2009, cuando ARENA tenía la presidencia del TSE, intentó burlar este pacto dejando al FMLN sin poder efectivo en las decisiones del organismo. Impidió con un subterfugio el nombramiento del magistrado correspondiente a la tercera posición electoral, y luego reformó la ley para tomar decisiones con tres votos en vez de cuatro.
En esa coyuntura publicamos un artículo titulado ?Jugar con Fuego? en defensa de los derechos políticos del FMLN y en advertencia de un potencial perjuicio a la democracia. Cinco años después, en 2013, el mismo protagonista del perjuicio al FMLN hizo algo similar -peor en realidad- solo que esta vez en perjuicio de ARENA y con una maniobra diferente, al dejar a este partido sin representación en el Tribunal. El FMLN no dijo ni pío. Ahora pagará los costos de su incoherencia. Si en vez de alentar la maniobra contra ARENA
hubiera respaldado el derecho de ese partido a velar por sus intereses dentro del Tribunal, ahora tendría más fuerza política y moral para sustentar su posición. Tendría más fuerza moral, aunque igual no habría bastado para modificar el fallo judicial. La Sala conoció el extenso planteamiento del magistrado Chicas en defensa del apego de su nombramiento a la Constitución.
Como negociador del Acuerdo de Paz estoy seguro que el presidente del TSE tuvo razón al reivindicar el espíritu del constituyente en la configuración de la autoridad electoral con
representación partidaria directa.
Este y otros argumentos fueron presentados en una defensa bien articulada, inteligente y a nuestro juicio brillante de sus posiciones. Por el contrario, los argumentos de la Asamblea Legislativa en defensa de la misma posición me parecieron pobres o claramente inválidos, especialmente la falacia reiterada de acusar a la Sala de volver incompatibles los derechos de pertenecer a un partido político y de optar a un cargo público. La Sala nunca dijo eso. Solo se refirió a una clase particular de cargo público que conlleva funciones de impartir justicia en cualquier materia. En otros casos, como el de presidente de la república, la filiación partidaria se ha reconocido como atributo y como requisito constitucional. La Sala, por su parte, exhibió, como siempre, una notable agudeza intelectual, aunque esta vez algunos de sus argumentos se pasaron de retorcimiento. No ignoró la intención del constituyente, pero la descartó. No ignoró la particularidad -híbrida- del diseño institucional del TSE,
pero la descartó también.
No ignoró la práctica legislativa que reiteradamente eligió durante 22 años a magistrados con militancia partidaria, pero también la descartó.
En algunos tramos cayó en exceso de interpretación y de menosprecio a la letra y a los significados obvios de las disposiciones. En algún punto argumentó con lógica abstracta y con opiniones políticas impropias de su competencia, como cuando estableció que ?la dependencia político-partidaria del TSE no es un elemento inherente a la gestión administrativa de los procesos electorales?. En ese sentido, la sentencia deja un peligroso precedente que en el futuro puede prestarse a cualquier arbitrariedad. Ahora tenemos magistrados inteligentes, independientes y decentes. La acusación que les hace el FMLN es, simplemente, absurda. Pero en otros casos, en años venideros, podemos tener magistrados con menos virtudes, que puestos a pasar por encima de los significados obvios y de los consensos políticos, pueden hacernos un daño descomunal. En otro sentido, sin embargo, debe reconocerse a la Sala que incluso sus posibles errores o sus argumentos más controversiales se han hecho en función de una defensa reiterada, lúcida, coherente y valiente del principio de independencia judicial, que siempre es fundamental, pero lo es más aún en la materia electoral en la que se juega, como reza la sentencia, la protección de derechos imprescindibles para la democracia, para la confianza ciudadana, para la legitimidad del poder y, en última instancia, para la cohesión social y para la viabilidad del desarrollo nacional.