Observador Político Nadie en su sano juicio esperaba mejorías milagrosas en la situación de seguridad, pero mucha gente, incluyendo opositores al partido de gobierno, tenían la secreta esperanza de ver cambios importantes en la forma de abordar el problema, en la convicción que proyectara el nuevo gabinete, en la lucidez, el carisma, la capacidad y el
vigor de los nuevos funcionarios, en sus primeras decisiones políticas y en los primeros despliegues de la fuerza policial. Quizá la gente generó expectativas comprendiendo que el problema requería grandes dosis de inclemente dureza y de efectiva acción social,
y que en ambos aspectos un liderazgo ?FMLN pura sangre? podía resultar más eficaz. Quizá en el imaginario público reverberaba todavía el mito de la dureza de la guerrilla en el combate, el de su dominio de los barrios populares y el de su experiencia de organización y de trabajo social. La expectativa, sin embargo, muy pronto se esfumó. La única encuesta relevante publicada a la fecha dio cuenta de una severa cifra de 65% de los entrevistados opinando que la gestión presidencial
no estaba ayudando a mejorar la seguridad.
Por lo visto, el problema tras semejante apreciación no fue solo o primordialmente que no comenzaran a bajar los homicidios, las extorsiones, los robos y las amenazas, sino que el gobierno, comenzando por el presidente, que ofreció ponerse personalmente al frente del esfuerzo, no dio en los primeros cien días señales convincentes de alguna novedad promisoria en su gestión. En ese sentido, aunque no fuera del todo cierto, comenzó a incubarse muy pronto el desaliento y la percepción de que en este campo también se implantaría la gris continuidad. Los grandes anuncios hasta ahora se parecieron demasiado a otros que se hicieron en el pasado y quedaron bastante
desgastados. El ?plan piloto de policía comunitaria?, por ejemplo, anunciado por las autoridades el 11 de agosto, se pareció mucho a las ?patrullas de intervención policial comunitaria (PIP-COM)? presentadas como gran apuesta operativa en junio de 1999, en el municipio de Mejicanos, bajo el liderazgo de Mauricio Sandoval. La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, que se ha estado conformando en los últimos días, recuerda también, por la integración de una amplia participación de representantes sectoriales, a otras comisiones similares creadas por los últimos gobiernos. La integración de tantas y tan diversas entidades sirve a un propósito político formal, pero su eficacia como concepto orgánico, a la luz de experiencias anteriores, como el fallido Consejo Económico y Social, puede dejar mucho que desear. Al hacer el anuncio el sábado pasado el presidente expresó con razón que ?la única forma
de enfrentar la violencia es rescatando la comunidad?. Esa es, sin duda, una buena orientación, pero los instrumentos que se anuncian tal vez no constituyan la mejor decisión. De igual manera, el fideicomiso del que ha hablado el Secretario de Gobernabilidad recuerda mucho al fideicomiso del presidente Saca al cierre de su tercer año de gobierno, y a los intentos fallidos de Funes en 2011 para establecer un ?impuesto extraordinario para la seguridad ciudadana?.
En el primer caso el FMLN planteó una oposición sin concesiones al presidente y calificó el fideicomiso como un subterfugio inconstitucional. Por eso llama la atención que ahora lo propongan como un recurso complementario al presupuesto nacional. En el segundo caso, a pesar de muchas reuniones sostenidas entre mayo y agosto de 2011, Funes no logró persuadir ni al liderazgo empresarial ni a los partidos políticos de aprobar un impuesto a los grandes patrimonios -unas 2000 empresas y 400 personas naturales- para financiar un presupuesto extraordinario de 360 millones de dólares destinados exclusivamente a la seguridad. El lenguaje y el manejo público del nuevo gabinete de seguridad sobre la tregua y, en general, su análisis, su posición y su actuación de cara a las pandillas ha mejorado en relación con la errática y engañosa gestión del gobierno anterior, pero todavía no está clara la apuesta ni el curso de acción. Algunas intervenciones de autoridades del ramo en medios de prensa en relación con la estrategia de combate a las pandillas han dejado una sensación de ambigüedad, de no saber, o no querer decir con claridad si el gobierno asumirá, apoyará, facilitará, permitirá o descartará el diálogo directo o indirecto y los esfuerzos de reactivación de la tregua o de cualquier otro recurso similar. En ese terreno también ha dado el ministerio en algunos momentos la misma impresión de falta de definición o de transparencia que dio siempre el gobierno anterior. En cuanto a la orientación general del sector de seguridad, el actual gobierno ha reiterado su seguimiento de la ?Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia? esbozada en 2010 y presentada en 2012 por el general Munguía Payés. En ese marco de continuidad del discurso del quinquenio anterior, hasta los conceptos más válidos se han visto vaciados de contenido por años de manipulación, ineficacia y frustración. En resumen, casi toda la puesta en escena del nuevo gobierno en materia de seguridad, desde su iniciativa de policía comunitaria hasta el discurso ambiguo sobre la tregua, pasando por la creación de una comisión nacional, el anuncio de un fideicomiso y la reiteración de la política del período anterior, ha dejado la impresión en amplios sectores de que el gobierno está haciendo más de lo mismo y que, en consecuencia, continuará igual o peor la situación de inseguridad. La seguridad no es un bien público más. Junto a la libertad es el bien público por excelencia y el derecho fundamental. El origen del Estado moderno radica, precisamente, en constituirse como único titular del uso de la coerción y de la fuerza en detrimento de bandas o ejércitos particulares.
En consecuencia, si el Estado no garantiza la seguridad a los ciudadanos, su legitimidad queda en entredicho y el pacto político se rompe de raíz. Ante tan grave perspectiva, el pueblo seguirá reclamando y esperando del gobierno una intervención mucho más eficaz. Los primeros cien días (2): La seguridad pública Por Salvador Samayoa