A ¿Nuevo Comienzo ? Por Salvador Samayoa pareció el presidente en el primer día laboral del nuevo año reunido con el gabinete de seguridad de su gobierno. Buenas noticias, aunque no tanto como para lanzar las campanas al vuelo. Después de varias semanas con muy mal manejo comunicacional de su ausencia o de su intermitente presencia, se convirtió en novedad el hecho mismo de que volviera al ejercicio normal de su mandato presidencial.
Volvió, por cierto, con energía, buen semblante, buen ánimo y renovada vitalidad. Eso ya era buena noticia, pero además fue positivo que dedicara su primer esfuerzo del año al tema de seguridad. Lo hizo, tal vez, de manera controversial, pero fue inequívoco el gesto de ponerse al frente y asumir sin ambigüedad una posición importante para lidiar con el auge delincuencial. La verdad es que en los primeros siete meses de gobierno, contados desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2014, tanto la gestión como el discurso gubernamental en materia de seguridad pública dejaron mucho que desear. Entre las muchas deficiencias e insuficiencias del gobierno en el sector de seguridad, resentimos especialmente la falta de un liderazgo político lúcido y comprometido; un liderazgo con pensamiento propio y con voluntad expresa de hacer todo lo que hiciera falta para comenzar a reducir de manera sensible la criminalidad. El presidente se había comprometido a ponerse personalmente al frente de ese esfuerzo, y nos había quedado debiendo.
Por eso adquirió relevancia, hace dos o tres días, la prioridad y el aplomo de su intervención, porque pareció un nuevo comienzo, quizá más creíble que el de la toma de posesión. En política no siempre es la sustancia de lo que se dice o se propone lo que suscita confianza en otros actores o en el conjunto de la población.
A veces la credibilidad se sustenta en elementos más subjetivos, como la confianza, la convicción, la energía,
la voluntad o la decisión de hacerse cargo que proyecta un líder o un gobernante. Algo de eso vimos ahora en la actuación del presidente; algo que, francamente, no habíamos visto en los meses anteriores en relación con el problema de violencia y delincuencia que tanto azota a la población. Por lo demás, estamos donde estábamos en cuanto a precisión, comunicación e impulso de planes concretos en el sector de seguridad. La ?policía comunitaria? no es un plan; es una filosofía, una orientación conceptual y metodológica del trabajo, idónea por cierto solo para algunas de las funciones y actuaciones de la institución policial. El Director de la Policía dice que esa forma de trabajo ha reducido las extorsiones. Habrá que creerle, aunque no sea tan evidente, pero tendrán que decirnos algo más acerca de cómo van a reducir de manera sensible los casi 4000 homicidios de 2014, las extorsiones que paralizan la economía más que cualquier otro factor de política interna o internacional,
la presencia amenazante de pandilleros en barrios y colonias, que obliga a tanta gente a encerrarse en sus casas, a transitar todos los días con el temor a flor de piel, a abandonar sus pequeños negocios, a dejar sus vecindarios de toda la vida o, peor aún, a huir del país.
En otras palabras, todavía tendrán que explicarnos por qué el Estado, con 50,000 mil efectivos policiales y militares, con entrenamiento, cuarteles, armas y muchos millones de dólares de presupuesto; con un ejército social de 50,000 maestros, con recursos institucionales, económicos y humanos para transformar los asentamientos urbanos precarios de las grandes ciudades,
no ha podido neutralizar -mucho menos reducir o derrotar- a unas bandas de delincuentes despiadados, pero de muy escasos recursos, con perfiles psicosociales realmente patéticos, y con patrones de organización y de acción muy lejanos a los de las mafias y carteles de las grandes ligas criminales. En ese sentido, se puede estar o no estar de acuerdo con lo que dijo el presidente sobre la tregua entre las pandillas, pero es importante y destacable que parta de un análisis claro y que sostenga una posición consistente, a diferencia del esperpento del gobierno anterior, que siempre manejó el tema con hipocresía, inconsistencia y falta de claridad. El presidente expresó un elemento de análisis y uno de posición. Dijo, como análisis, que las pandillas se han expandido desde que pactaron la tregua.
Esto parece ser cierto, aunque no sea demostrable una relación unívoca de causalidad entre la tregua y la expansión. Dijo también que no apoyará la tregua y que no negociará con los líderes de las pandillas. Esa es una posición respetable, coincidente, por cierto, con la sensibilidad y expectativa mayoritaria en el país. Sin embargo, a menos que el presidente indicara lo contrario, tal posición no debiera llevarlo a impedir los esfuerzos que determinados actores sociales, administrativos o judiciales pueden hacer para fomentar el cumplimiento de la ley penitenciaria o cualquier otro propósito legítimo relativo a las condiciones de internamiento de delincuentes que han perdido importantes derechos como ciudadanos, pero conservan mínimos derechos vitales amparados por la ley. Que tengan esos derechos nos puede molestar, porque sus víctimas también tenían - y con mayor razón- derecho a la vida y a la dignidad, pero la ley es la ley, a menos que declaremos de una vez el estado de salvajismo total. En
relación con el apoyo gubernamental a la tregua, nadie tiene derecho a pontificar, como si solo hubiera una verdad y un camino. Se puede hacer una estrategia de seguridad con tregua o sin tregua, ambas opciones con sus pros y sus contras. Lo que no puede el gobierno es seguir en la ambigüedad y en la falta de definición. El presidente y el partido de gobierno deben corregir el rumbo y asumir su responsabilidad. En primer lugar para proteger la vida y la integridad de los salvadoreños, función primordial del Estado; en segundo lugar porque no se puede ni pensar en reactivar la economía sin erradicar la renta y la extorsión; y en tercer lugar porque si no lo hacen tendrán que afrontar un fuerte castigo electoral. Observador Político