CIUDAD DE MÉXICO. La gestión gubernamental del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha gastado un estimado de $2,000 millones en publicidad en los últimos cinco años, según una investigación periodística hecha por el New York Times.
El monto, para varios propietarios de medios y periodistas mexicanos, ha generado un suficiente nivel de incidencia del gobierno en las agendas editoriales, incluso para anular artículos de investigación, elegir portadas e influir en las salas de redacción que van en contra de la agenda mediática del gobierno.
Peña, que prometió en su campaña regular el gasto en publicidad, ha sido quien más ha erogado dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, según el New York Times.
Además, según dice New York Times, cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre medios de comunicación que son escogidos por ellos.
Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, citadas por New York times, algunos secretarios de prensa del gobierno mexicano les exigen una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.
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El resultado, dice la investigación, es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de modo vertical, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar.
Además los reportajes de profundidad de temas políticos o económicos son a menudo suavizados o se posponen por un plazo indefinidos.
Por ello dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran en diferentes etapas del proceso de redacción periodística, recuerda el New York Times.
“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”, agregó Krauze a New York Times.
Si se revisa la historia mexicana fue el partido de Peña Nieto, el PRI, el pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. Por ejemplo el expresidente mexicano José López Portillo decía que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.
Además la influencia del gobierno sobre los medios transciende el aspecto publicitario y muchas veces son los funcionarios los que recurren al soborno directo.
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En Chihuahua, por ejemplo, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, dejando un gran nivel de deuda, indica el New York Times.
“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, afirmó Javier Corral, el actual gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios, es como una zanahoria y el palo, compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad, actúa mal y te los quitaré”, agregó el funcionario a New York Times.
Así, este gasto multimillonario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud y educación.
Un dato comparativo es que el gobierno federal de México gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de $500 millones, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.
La situación regional
El estado actual de los medios mexicanos y su nexo con el dinero público no es un asunto nuevo en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.
Hay varios casos para ilustrar este tema como el de Venezuela, país en el que se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación
También está la situación de Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados.
Para el New York Times en México hay un fenómeno donde la mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad pública como un mecanismo de sobrevivencia financiera, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.
El caso más reciente de los problemas de este modelo de apoyo gubernamental fue el año pasado cuando se desencandenó una serie de protestas públicas luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas del periódico Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una política nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.
La noticia volvió a ser publicada horas después con un titular diferente y el periódico dijo que la razón del cambio era que el artículo era “deplorable” y que intentaba difamar, por lo que pidió una disculpa a sus lectores.
No obstante, grupos de periodistas y de asociaciones de la sociedad civil, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado.
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Estadísticas en México aseguran, según New York Times, que un 68 % de los periodistas mexicanos dijo que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en sus ingresos, luego de un estudio de tres años hecho por académicos mexicanos y estadounidenses.
Múltiples vínculos
Hay otros lazos comerciales que unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados que construyen carreteras u otros proyectos públicos. Por ejemplo los propietarios de Grupo Imagen -una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos- también son dueños de Prodemex, una importante empresa de construcción que ha ganado más de $200 millones en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.
Por este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos.
“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte a New York Times.
En un comunicado enviado al diario estadounidense, la oficina del presidente de México se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. No obstante rechazó la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes.
Este mes, las organizaciones de noticias se unieron en un comunicado conjunto para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord en 2017.
Pero algunos medios no lo hicieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.