La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al presidente del Tribunal Electoral nicaragüense es una advertencia muy clara para quienes pretenden falsear la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El de Nicaragua es un ejemplo cínico de las estrategias que utilizan algunos de los “mandatarios” y sus adláteres para prolongar su permanencia en el poder.
En todos los procesos celebrados con posterioridad al retorno de Daniel Ortega en 2006, ya sean presidenciales, legislativos o municipales, la trampa se impuso y el Frente Sandinista ganó la mayoría de escaños, de municipalidades y el Ejecutivo.
Ahora bien, construir un “guion fraudulento” a partir de casos como el del orteguismo no permite identificar otras tácticas sutiles utilizadas por quienes pretenden infectar los sistemas electorales con prácticas indebidas orientadas a inclinar la balanza a favor de los candidatos oficiales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) contribuye a registrar ese otro tipo de maniobras empleado para torcer los resultados de los comicios. El informe de este organismo sobre las pasadas elecciones hondureñas, al que ya nos hemos referido en este espacio de opinión, es un buen ejemplo.
“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los candidatos más votados, hace imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
Contrariamente a la situación de Nicaragua, en Honduras el Departamento de Estado reconoció el triunfo del candidato - presidente Juan Orlando Hernández. Lo hizo bajo serias críticas del aspirante opositor Salvador Nasralla. Ciertamente la manipulación de la justicia constitucional que avaló la reelección del actual gobernante así como las irregularidades documentadas por la OEA y su recomendación de repetir las elecciones constituyen motivos suficientes para concluir que el de Hernández será un período de gobierno con serios problemas de legitimidad y gobernabilidad. No obstante el espaldarazo al veredicto del Tribunal Supremo Electoral hondureño, en su comunicado, la portavoz del Departamento de Estado pide la discusión y urgente aprobación de reformas electorales que corrijan los fallos señalados por la Misión de Observación Electoral de la OEA.
Tanto a la OEA como a los Estados Unidos los impulsan consideraciones de índole geopolítica para actuar en forma drástica o de manera cautelosa. En las elecciones municipales de Nicaragua, inexplicablemente la OEA avaló los resultados e identificó “avances importantes en el proceso electoral”. Lo contrario, como ya se dijo, sucedió en las presidenciales hondureñas. En estas últimas la administración de Donald Trump aceptó el veredicto del TSE mientras que aplicó rigurosamente la “Ley Magnitsky” al titular del árbitro electoral nicaragüense, una legislación que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a funcionarios o ciudadanos extranjeros involucrados en corrupción o acusados de violar derechos humanos.
La amenaza que representa “Mel Zelaya”, aliado del chavismo y claro enemigo de los Estados Unidos, y el desequilibrio democrático que encarna Daniel Ortega en la región, son razones de peso para la actuación norteamericana. La lucha contra la corrupción y el interés por conservar la estabilidad política en el triángulo norte debería empujar a la comunidad internacional a elevar el nivel de interés en las próximas elecciones salvadoreñas. El éxito de ambos aspectos depende tanto de una Asamblea Legislativa integrada por diputados honestos como de instituciones independientes lideradas por titulares ajenos a todo interés partidario. La migración ilegal, a la que el presidente Trump ha declarado la guerra, no cesará si continúa el desempleo, la falta de crecimiento económico y la inseguridad. Buena parte de estos problemas tienen como causa principal el despilfarro de dinero por un equivocado criterio para elegir en qué se invierte o por la malversación de fondos públicos.
El castigo del Departamento del Tesoro al funcionario de Nicaragua y la sentencia de la OEA de repetir las elecciones en Honduras nos estimulan a pensar que todo intento por descarrilar la democracia en el continente será severamente escarmentado.
*Columnista de
El Diario de Hoy.