En Centro América solamente El Salvador, Honduras y Nicaragua penalizan absolutamente el aborto, Costa Rica, Guatemala y Panamá lo han legalizado en caso de correr peligro la vida de la madre, un gastado argumento que siempre utilizan las ONG financistas del aborto y Lobbys que la promueven para legalizar el asesinato de humanos en el vientre materno.
Sorprendentemente en Nicaragua, liderada por Daniel Ortega, un mandatario de corte izquierdista, el aborto es penalizado. Durante su gobierno, entra en vigor un código penal aprobado por diputados sandinistas y liberales, el cual tipifica como delito todo tipo de aborto incluyendo los que se hagan para salvar la vida de la madre.
En Honduras, el aborto es penalizado con entre tres a diez años de prisión y en El Salvador las penas van de dos a ocho años por realizar cualquier tipo de aborto.
Cada país ha tenido injerencia de organizaciones foráneas que buscan implementar leyes de exterminio para la vida más inerme. El último ejemplo de ello fue en Chile, donde desde 2008 a 2015 Planned Parenthood, la transnacional abortista más grande del mundo y polémica por la venta de restos humanos post aborto, ha invertido $931 millones, con el objetivo de incentivar el debate y conseguir la legalización del aborto. Sus filiales en Chile son APROFA y MILES, quienes entre sus miembros cuentan con activos personajes del mundo político a favor del aborto.
Así como en Chile en los países centroamericanas existen constantes campañas para expandir este vil negocio de muerte, en El Salvador la Asociación Demográfica Salvadoreña (Profamilia) es la filial salvadoreña de la Internacional Planned Parenthood Federation desde 1962 y son los mayores promotores de la llamada “salud sexual y reproductiva”.
La otra asociación, “El Salvador, Colectiva de Mujeres para el Desarrollo” no está ligada orgánicamente, pero sí financieramente. Junto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto son las dos asociaciones que hacen apología del delito de aborto, promoviéndolo abiertamente. La presidenta de ambas ONG es Morena Herrera. Ambas asociaciones trabajan en un proyecto presupuestado en 150 mil de dólares para promover el aborto en El Salvador. Así lo explican:
“El proyecto pretende modificar la actual situación de penalización absoluta del aborto en El Salvador, a través de acciones de información, sensibilización e incidencia, a los operadores de salud y de justicia para que en su actuación ante situaciones de aborto o problemas obstétricos en los que muera el feto o el nascitutus, prioricen los derechos de las mujeres y la ética profesional.
Así mismo se realizará incidencia ante la opinión pública y legisladores, para que se introduzcan y aprueben cambios en la legislación que consideren como eximente la interrupción del embarazo por motivos de salud o riesgo en la vida de la mujer gestante o cuando existan alteraciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
Para ello se realizarán investigaciones, talleres de capacitación, foros informativos, campañas de sensibilización, encuentros de trabajo y reuniones con personal médico y sanitario, policía y jueces, comunicadores, legisladores y dirigentes políticos”.
Lo llaman “cooperación al desarrollo”, pero no es más que una injerencia ideológica inaceptable. El aborto es un crimen atroz, no podemos convertirnos en selectivos de la vida utilitaria, los derechos humanos de toda persona inician desde su concepción en la cual ya existe un nuevo patrimonio de ADN y un desarrollo del individuo que no se detiene hasta su muerte natural. Argumentos de feministas sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo es errado, existe una persona gestándose, una vida diferente a la de la mujer. Recuperemos nuestra esencia de humanidad perdida y detengamos este barbárico genocidio.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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