Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.
Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.
En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.
La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.
La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.
También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.
*Columnista de El Diario de Hoy