La contundencia de las recientes posturas adoptadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su fiscal general, Jeff Sessions, en relación a la pandilla MS-13 y la inmigración ilegal en ese país, han propiciado un debate en diferentes espacios de opinión. La abrumadora mayoría de analistas, académicos y expertos que han examinado los principales postulados en los que se sustentan dichas posiciones han expresado su desacuerdo.
La opinión de Trump sobre la inmigración ilegal no es ambigua. El mandatario ha reiterado, implícita y explícitamente, en numerosas ocasiones, su desdén por la inmigración ilegal. Uno de sus argumentos centrales es que ésta tiene efectos criminógenos. Muchos opinan que la MS-13 ha sido utilizada como un accesorio escénico para sustentar esta hipótesis y, paralelamente, aglutinar apoyo ciudadano alrededor de medidas más drásticas en contra de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Las investigaciones criminológicas contemporáneas enfocadas en el estudio del vínculo entre la inmigración y la incidencia criminal, en efecto, contradicen la tesis de Trump. Existe un consenso generalizado entre los resultados producidos por múltiples estudios que indican que la inmigración, de hecho, reduce los índices delincuenciales. Los académicos especialistas en el tema señalan que esta consistencia en los hallazgos de diversas investigaciones sustenta la tesis del inmigrante saludable, propuesta por Tim Wadsworth. El argumento principal de esta hipótesis es que las personas que emigran de sus países de origen no constituyen una muestra aleatoria de la población, sino que generalmente son individuos que se distinguen de los demás por un relativamente elevado deseo de superación, que es lo que los lleva a abandonar sus naciones. Este tipo de personas no son proclives a cometer hechos delictivos, por el contrario, son más sensibles a respetar las leyes para no poner en riesgo sus posibilidades de éxito.
Los expertos en el tema argumentan que los resultados obtenidos por los estudios, además, son consistentes con la perspectiva de la revitalización inmigrante. Este enfoque propone que la inmigración tiene el potencial de cambiar las condiciones inhóspitas de los vecindarios en los que se tienen que acomodar los inmigrantes. Las comunidades de inmigrantes tienen la capacidad de fortalecer los endebles lazos familiares y sociales asociados con la mayoría de problemas urbanos y, adicionalmente, de potenciar y ampliar la influencia de instituciones comunitarias que funcionan como factores de protección en contra de la criminalidad. Las investigaciones, de hecho, señalan que las comunidades de inmigrantes latinos son las que muestran evidencia más robusta del efecto de la revitalización inmigrante.
Estudios sobre el tema indican que los únicos lugares en los que no se observa una relación inversa entre la inmigración y los índices criminales son aquellos en los que las comunidades de inmigrantes son relativamente pequeñas y la población es predominantemente blanca o afroamericana o presenta una mezcla étnica. En estas áreas, la inmigración no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la incidencia delincuencial.
Si la inmigración no es la causa de los altos índices criminales, sino que los reduce, entonces el problema radica en los contextos a los que llegan los inmigrantes, los cuales prevalecerán, aunque se desbarate a la MS-13. Es importante recalcar que la MS-13 es un problema criminal serio, pero no es el resultado de la inmigración, sino de los problemas de los que adolecen las comunidades estadounidenses. La deportación de inmigrantes tiene el potencial de agravar el problema tanto en Estados Unidos como en Centro América.
La evidencia empírica sustenta los argumentos de los analistas, académicos y expertos que han manifestado su desacuerdo con el discurso oficial en relación a este tema. Es necesario advertir y analizar las consecuencias de las medidas que se avecinan para Estados Unidos y Centro América.
*Criminólogo