Vanda Pignato viajó al funeral de Mandela con gran comitiva

En ese viaja, la exfuncionaria gastó $91,747.63 en el pago de siete boletos para esa misión oficial ($13,106 en promedio para cada uno).

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Foto/ Marlon Hernández

Por Diana Escalante

23 December 2017

En diciembre de 2013, tras la muerte del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, una comitiva salvadoreña encabezada por la entonces primera dama y actual Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, viajó a Johannesburgo para asistir al funeral.

Una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR), por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revela que Casa Presidencial destinó $91,747.63 en el pago de 7 boletos para esa misión oficial ($13,106 en promedio cada uno).

En el homenaje a Mandela, Pignato estuvo junto a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, así como de personalidades de la realeza, del mundo de los negocios y del espectáculo.

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A Pignato la acompañaron el entonces canciller Jaime Miranda Flamenco y cinco colaboradores: Alejandra Castillo, Fermín Solórzano, Gerardo Pérez, Wilfredo Alfaro y Patricia Romero.

El viaje a Sudáfrica es uno de los 24 que realizaron a diferentes destinos Pignato y el Funes (juntos o por separado) entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2014.

El informe, que fue recibido el miércoles por la Sala de lo Constitucional, revela que solo cuatro de esas salidas al extranjero fueron oficiales; para los otros, los diputados de la Asamblea Legislativa no concedieron expresamente los permisos, como manda la Constitución de la República.

De hecho, 22 fueron realizados en jets privados y solo dos en helicóptero presidencial.

Para concretar estas salidas al extranjero el Gobierno gastó $720,639.06 para comprar boletos y $86,422.50 para viáticos y gastos de viaje solo para quienes iban con Funes y Pignato. Los datos indican que los pasajes para Funes y su comitiva costaron $313,836.40, mientras que para los de Pignato fueron destinados $406,802.66, según información proporcionada por la agencia de viajes a los auditores de la Corte.

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Los pagos de los boletos fueron hechos en efectivo y por transferencias de cuatro cuentas bancarias, las cuales aparecen firmadas por el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia, según la auditoría.

Numerosas comitivas

En noviembre de 2012, Funes realizó un viaje a España para participar en la XXII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, realizada en la ciudad de Cádiz.

El informe de CCR arroja que en la compra de pasajes se gastaron $19,051.98 y que quienes integraron la comitiva únicamente fueron David Rivas, Secretario de Comunicaciones; Aníbal Vega, director de relaciones públicas; Carlos Portillo director de prensa; Mauricio Sandoval, fotógrafo, y Melvin Chávez, camarógrafo.

Sin embargo, El Diario de Hoy conoció que también acompañaron Pignato, el canciller Hugo Martínez, el secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hasbún; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el Secretario Técnico, Alexander Segovia; el secretario de comunicaciones y el director del Instituto Nacional de la Juventud, Miguel Pereira, entre otros.

Se supo que la comitiva la integraron unas 33 personas, entre ellas el embajador de El Salvador en España y dos ministros consejeros de la embajada en ese país. En esa lista se incluía a una intérprete cuando el idioma predominante de la cumbre era el español; a un consejero de protocolo de Pignato, a la directora y subdirector de protocolo y órdenes, el secretario jurídico de la Presidencia, el secretario privado, el director de eventos y el director de ceremonial diplomático.

Otros dos viajes realizados a España por Funes y algunos funcionarios en octubre y noviembre de 2012 costaron $27,899.10 y $40,619.20 respectivamente. La auditoría señala que, en julio de 2012, también se pagaron $19,574.10 en boletos para un destino “desconocido”. Nueve personas integraban la comitiva que viajó con Funes, entre ellos estaba el Secretario Técnico, y el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores.

En mayo de 2015, también se desembolsaron $28,251.63 para que Funes y Pignato viajaran a Roma a audiencia con el Papa Francisco. Les acompañaron 7 personas más.

Los viajes de los acompañantes se realizaron en vuelos comerciales, en tanto Funes, la mayoría de sus viajes fueron en jets alquilados, pero no se detalla el costo.

 

 

 

Presidencia incumple orden de Sala

En enero de 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó a la Presidencia de la República enviarle toda la información relativa a los viajes oficiales de Funes y Pignato o de lo contrario, caería en delito.

En esa ocasión, la Sala le recordó que esa era la segunda vez que solicitaba a la Presidencia, con un fallo emitido el 9 de diciembre de 2015, en el cual se ordenaba que le remitiera la información antes mencionada a la brevedad posible y que informara sobre las medidas de resguardo especial y las copias de seguridad.

De acuerdo con una resolución de seguimiento de la Sala, se determinó que el gobierno incumplió la orden judicial.

Los magistrados resolvieron que se desobedeció la sentencia en cinco sentidos: obstaculizar el acceso a la información al colocar la información de forma dispersa en sus portales; la “ausencia total de información pública sobre el costo de los boletos aéreos, viáticos y demás gastos de viaje” y la falta de un cuadro resumen en caso de Pignato.

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También señalaron la omisión de publicar el nombre de los acompañantes de ambos funcionarios en períodos específicos y el valor de sus boletos aéreos; la falta de documentación de viajes reportados por Dirección General de Migración y Extranjería, así como la ausencia de gastos de recepción de misiones extranjeras en el país.

En septiembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia publicar la lista de viajes internacionales realizados con fondos públicos por Funes y Pignato, entre 2009 y 2014.

Los magistrados resolvieron que revelar estos datos no implicaba un riesgo a la seguridad del presidente o la primera dama, por lo que estos datos debían publicarse sin la necesidad de una solicitud de acceso a información.