Los diez legisladores del partido opositor Fuerza Popular, encabezados por Kenji Fujimori, que se abstuvieron de apoyar la destitución del mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, deben renunciar a la bancada por "traicionar al partido", afirmó este viernes el parlamentario portavoz Héctor Becerril.
El Ejecutivo negó que haya recibido la solicitud a favor de Fujimori y la primera ministra, Mercedes Aráoz, enfatizó que "el Gobierno no negocia indultos".
No obstante, el legislador fujimorista Clayton Galván, del grupo que se abstuvo, dijo al canal N que el propio Alberto Fujimori lo llamó el jueves antes de la votación en el Parlamento.
De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, fue Kenji Fujimori quien le ofreció a Kuczynski conseguir los votos de diez congresistas a favor de la abstención.
Consultado sobre un supuesto acuerdo con el menor de los Fujimori, el abogado del mandatario, Alberto Borea, quien ejerció ayer su defensa ante el Congreso, dijo no conocer de alguna conversación sobre un eventual indulto para Alberto Fujimori.
Sin embargo, felicitó a Kenji Fujimori y a los otros parlamentarios que se abstuvieron en el pedido de destitución.
El legislador votó la pasada semana en contra de la admisión del pedido para destituir a Kuczynski, en disonancia con sus compañeros de agrupación parlamentaria, que votaron a favor.
Además, por ir contra las directrices del partido que dirige su hermana mayor Keiko Fujimori, Kenji fue suspendido en su agrupación parlamentaria por 120 días, lo que le impedía participar en el debate del jueves.
Odebrecht desveló la pasada semana que pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías entre 2004 y 2007, época en la que el actual mandatario era ministro del régimen de Alejandro Toledo (2001-2006).
En su alegato ante el Congreso, Kuczynski, que en los últimos meses negó repetidamente haber tenido relación con Odebrecht, reiteró que esos contratos son legales, pero aseguró que no los conocía porque fueron firmados por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba su consultora mientras él era ministro.
El caso Odebrecht afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos. EFE
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