La Fiscalía General de la República confirmó ayer en los alegatos finales, que el exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca incrementó su patrimonio de manera injustificada en más de 19.5 millones de dólares.
La cifra millonaria surge del peritaje contable al que fue sometido el caso, así como otras investigaciones propias del Ministerio Público.
Los fiscales del caso precisaron que Charlaix habría incrementado sus bienes en 18.7 millones y su esposa, María Leslie Rivas, en 282 mil 269.
En el primer caso, ese aumento patrimonial tiene un origen ilícito al proceder de las cuentas institucionales del Tesoro Público de la Presidencia, pues nada tenía que hacer el dinero del Estado en cuentas particulares.
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Mientras que el caso de la señora de Charlaix, la Fiscalía aseguró que no hay una fuente que justifique esos ingresos.
Con esa argumentación, los fiscales solicitaron a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil que declaren el enriquecimiento ilícito en los esposos Charlaix Rivas.
Además que se inhabilite a Charlaix de ocupar cargo público en los siguientes diez años.
En la finalización de la audiencia probatoria contra la pareja Charlaix Rivas, el fiscal Héctor Martínez, manifestó que el Ministerio Público confirmó las irregularidades denunciadas por la Sección de Probidad y por acuerdo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, al ordenar la apertura del juicio civil por enriquecimiento ilícito.
“Esperamos que la valoración de los señores magistrados de la Cámara Primera de lo Civil sea conforme a derecho (a la ley) y obviamente se de una sentencia condenatoria”, detalló el fiscal.
El fiscal explicó que la cifra por la que fue demandado Elmer Roberto Charlaix, subió de 18.7 millones a partir de la sumatoria de las cantidades de dinero que ingresaron a las cuentas personales de Charlaix, mediante transferencia de la cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro de Casa Presidencial y al tomar en cuenta cada uno de los pagos que el exfuncionario realizó con ese dinero obtenido ilegítimamente, del cual se concluye que hay un total que supera la cifra inicial.
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“No había justificación del porqué esos dineros de la Presidencia tenían que llegar a las cuentas personales de Charlaix”, reiteró el fiscal Martínez. A este monto se debe adicionar las ganancias que Charlaix obtuvo al pagar sus tarjetas de créditos y cuentas personales con esos fondos.
Entre tanto, los abogados defensores alegan que la ley de enriquecimiento ilícito no es aplicable a la pareja Charlaix Rivas porque el mismo ya había prescrito.
El fiscal Martínez negó que el ilícito hubiese prescrito pues el mismo se rige desde 2009 en que finalizó esa administración y a 2016 que se entabló el proceso no habían pasado 10 años.
Por otro lado alegaron que se está dando un doble juzgamiento, el cual es prohibido por la Constitución de El Salvador.
Sus abogados, además han sostenido que en el proceso penal se ejerce la acción civil y por esa condición, este el juicio que concluye la Cámara Primera de lo Civil, constituye dos sentencias sobre un mismo caso.
“Tenemos claro de que en el proceso penal se puede ejercer una acción civil, pero lo que se pretende en el juicio con la Cámara Primero de lo Civil es resarcir daños ocasionados o consecuencia del delito, como acción restitutiva que se rige por un procedimiento civil”, detalló Martínez. La Cámara se tomó su tiempo para analizar los resultados del juicio y su resolución el próximo 4 de enero.