El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos contarán los sufragios “a mano”. Eso significa que los integrantes de las mesas no tendrán ningún tipo de tecnología que les facilite su trabajo. Las consecuencias serán las mismas de 2015: errores en los cálculos de los votos fraccionados y de las marcas, inconsistencias en las actas, desconocimiento ciudadano de los resultados preliminares, intervención de la Sala de lo Constitucional ordenando el recuento allá donde existan evidentes errores en la consignación de los números, suspensión de la toma de posesión de los diputados, entre otras.
Ciertamente el costo de los comicios ha venido aumentando desde 1994 cuando se celebró la primera votación después de suscrito el acuerdo de paz. En aquel momento el desembolso del Estado ascendió a $4,915,296. Se trató de elecciones generales en las que se eligieron diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente. Si se analizan únicamente las votaciones legislativas y municipales, con excepción de las efectuadas en 2000 y 2003, fácilmente se constata que la inversión ha variado como consecuencia de tres factores: el consistente incremento del padrón elección tras elección, la aplicación del voto residencial y las exigencias adicionales para el TSE por las reformas a la legislación electoral, tanto las acordadas por los partidos como las adoptadas por mandato de la Sala de lo Constitucional.
En 1997 la suma demandada se duplicó, alcanzando un monto de $8,571,429. Los habilitados para votar se ampliaron en más de 260 mil personas. El financiamiento de las competencias electorales de 2000 y 2003 se quedó muy cercano al de aquel año: $8,148,571 y $8,571,430, respectivamente, no obstante el crecimiento del padrón en un promedió de más de 250 mil votantes entre una y otra justa electoral. En 2006 inició la primera etapa del voto residencial y además el padrón subió incorporando 263 mil electores, elevando el costo de la elección a $12,800,000. En 2009 coincidieron otra vez los tres tipos de elecciones. La Asamblea Legislativa acordó separar los eventos, dejando el de alcaldes y diputados para enero y las presidenciales en marzo. Además el TSE continuó con la ejecución gradual del voto residencial y se sumaron al padrón más de 420,000 nuevos electores. Estos aspectos incidieron en un valor más alto del proceso electoral; el TSE solicitó $23, 014,435.
La petición ciudadana que la Sala de lo Constitucional resolvió favorablemente, ampliando la capacidad de opción del elector con el denominado popularmente como “voto por persona” y la contratación de tecnología para la transmisión y procesamiento de los resultados, obligó al TSE a añadir una considerable cantidad de dinero. El monto de lo pedido en 2012 fue de $34 millones. A esos cambios debe agregarse el salto de 23 a 185 municipios, entre 2009 y 2012, en los que se acercaron las urnas a los electores a través del voto residencial.
Previo al proceso electoral de 2015, la Sala de lo Constitucional le otorgó la razón a quienes solicitaron abrir las listas de candidatos a diputados de tal forma que los votantes escogieran a sus preferidos de entre las opciones presentadas por los diferentes partidos. Además el voto residencial se aplicó en el ciento por ciento del territorio nacional, se eligieron diputados al Parlacen y fue la primera ocasión en la que los concejos se integraron pluralmente, es decir, con la participación mayoritaria del partido ganador y con una representación minoritaria de la oposición, según la cantidad de votos obtenida. Lo invertido en este proceso sobrepasó por poco los $25 millones. El recorte de lo exigido por el TSE se tradujo en las primeras elecciones malogradas desde el pacto de Chapultepec.
Sin recursos el Tribunal no podrá adquirir tecnología, retrasará la capacitación de los responsables de contar los votos, tendrá que descartar los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios y seguramente realizará pobres campañas cívicas para explicar las formas de votar. Se avecina otro caos electoral y la culpable no será la Sala y sus sentencias, como lo afirma el presidente del organismo colegiado, sino la falta de aprobación del presupuesto extraordinario de elecciones y el retraso en la toma de decisiones por parte del TSE.
*Columnista de El Diario de Hoy