El caso de Teodora del Carmen —así como los casos de las otras mujeres, las cuales son denominadas como el “Grupo de las 17-Plus”— se observa con mucha atención en el extranjero.
Por esto motivo, la Embajada estuvo presente en las audiencias del Segundo Tribunal de Sentencia en San Salvador del 8 y 13 de diciembre 2017.
La observación de procesos judiciales por parte de miembros del Cuerpo Diplomático no es nada especial, sino que es una rutina diplomática, tanto para Alemania como para otras Embajadas. Es parte de nuestro mandato reportar acerca de preguntas sobre el respeto y aplicación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en El Salvador. Una sala de juzgado es el lugar donde esto puede ser observado especialmente bien.
Según la evaluación de abogados y organizaciones de derechos humanos, hay muchos indicios de que la obtención de pruebas de aquel tiempo, que conllevaron a la querella por homicidio y condena de Teodora del Carmen, fue descuidada y el proceso contra ella no correspondió con los estándares mínimos constitucionales y el derecho humano de un proceso justo.
La decisión del juzgado en el proceso de revisión de este caso me pone muy triste. A mi juicio, la defensa expuso de manera convincente que la sentencia condenatoria de aquel entonces se basó en evidencia dudosa y en parte contradictoria, que dejó sin consideración el principio central de jurisprudencia constitucional —in dubio pro reo— precisamente el decidir en caso de duda a favor del acusado.
Entonces, se ha perdido una gran oportunidad de transformar injusticia en justicia y de ayudar al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos a lograr un triunfo —aunque sea tardío. No olvidemos: Teodora del Carmen fue condenada a 30 años de cárcel debido a evidencias cuestionables. Ya pasó diez años en la cárcel. Una liberación después de tan largo tiempo también hubiera sido un gran gesto humanitario.
Seguiremos abogando con insistencia para que las mujeres de sectores salvadoreños en desventaja obtengan la oportunidad de procesos judiciales justos.
El acceso a la justicia no es una opción política que podemos conceder o denegar a conveniencia, sino que es un derecho humano fundamental, a cuyo cumplimiento estamos obligados.
*Bernd Finke
Embajador de Alemania