Recientemente, la Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía General de la República asestó un golpe importante en contra de las pandillas, al desarticular una red delictual dedicada a abastecer de armas a dichas agrupaciones. La captura de Carlos Arnoldo Cardoza Sandoval, alias “Melao”, y los integrantes de la estructura criminal que dirigía, evidencian el enfoque técnico bajo el que opera la Fiscalía en la administración de Douglas Meléndez, que progresivamente enrumba la estrategia operativa en materia de seguridad en la dirección correcta.
La Policía tiene años de tratar de atacar el problema de las armas de fuego desde una perspectiva equivocada. He escuchado frecuentemente a Howard Cotto repetir un análisis superficial que ha predominado en el debate nacional sobre la violencia armada, en el que se concluye que la solución al problema es limitar la portación y tenencia legal de armas entre la ciudadanía, endureciendo las leyes en las que se establecen los requisitos y controles para las personas que compran y portan armas legalmente. El problema de este análisis es que no profundiza en manos de quién están las armas responsables de tanto homicidio.
La Policía, desde hace mucho tiempo, asegura que la mayoría de homicidios son cometidos por pandilleros. Es más, la institución ha sido objeto de crítica por la forma en que los elementos en el terreno casi automáticamente atribuyen los asesinatos a rivalidades entre las pandillas, cuando son entrevistados por los periodistas que llegan a cubrir las escenas. Los análisis policiales también tienen años de destacar que la mayoría de homicidios son perpetrados con armas de fuego. Sin embargo, las autoridades no han logrado cruzar estos dos resultados para llegar a la conclusión de que la mayoría de homicidios son perpetrados por pandilleros con armas de fuego. Al unir ambos análisis, resulta poco acertado apostarle a desarmar a la ciudadanía que compra y porta armas legalmente, a menos que los pandilleros saquen solvencias policiales para adquirir y registrar las armas que utilizan para matar.
Si no es así, desarmar a las personas que compran y portan armas legalmente no resuelve el problema. Algunos sostienen que las pandillas se abastecen de las armas que roban y hurtan a ciudadanos honrados, pero existe poca evidencia empírica que sustente esta presunción. No hay estadísticas que comprueben que la mayoría de armas utilizadas por los pandilleros son primero matriculadas legalmente por personas honestas y después robadas. En todo caso, si esto fuese así, la forma correcta de atacar el problema es enfocarse en la mecánica o el proceso mediante el que las armas robadas se integran al arsenal de las pandillas.
Esto, por supuesto, requiere de trabajo investigativo y de inteligencia para rastrear el camino que siguen estas armas. ¿Se comercializan en el mercado negro? ¿Se esconden en un arsenal colectivo de cada clica, programa o pandilla? Lastimosamente, no existe evidencia que proporcione respuesta a estas preguntas y sirva como sustento para el análisis que hasta ahora ha dominado la opinión de las autoridades.
La investigación liderada por la Fiscalía en contra de la red delincuencial dirigida por Cardoza Sandoval establece que, por lo menos, parte importante del arsenal de las pandillas es obtenido a través del mercado negro de armas operado por redes transnacionales. Consecuentemente, es clave atacar estas líneas de abastecimiento para desarmar a las pandillas.
Definitivamente, la Fiscalía está desempeñando un papel importante, protegiendo al sistema de justicia penal de las influencias políticas y procurando que el enfoque del trabajo desarrollado sea eminentemente técnico. Esto, sin duda, está beneficiando el abordaje de la estrategia antidelincuencial.
*Criminólogo @cponce_sv