El presidente de la Cámara de Diputados argentina suspendió este jueves la sesión en la que se iba a debatir un controvertido proyecto oficialista que recorta las jubilaciones tras los violentos incidentes entre policías y manifestantes ocurridos en las inmediaciones del Congreso.
El titular de la cámara baja Emilio Monzó, que responde al oficialista Cambiemos, levantó la sesión luego de que la diputada Elisa Carrió, del mismo espacio político, se lo solicitara ante el clima de violencia y luego de una acalorada discusión dentro del recinto.
Las fuerzas de seguridad dispersaron con balas de goma y gases lacrimógenos a cientos de sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas que se habían concentrado en las cercanías del Congreso en rechazo a la iniciativa legislativa, que ya fue aprobada por el Senado.
El opositor Agustín Rossi celebró que se hubiera impuesto "la cordura". "Nunca un Congreso ha vivido un estado de militarización como el de hoy. Si el gobierno tiene un problema fiscal que lo resuelva sin meter la mano en el bolsillo a los jubilados"?, dijo el legislador a periodistas.
Rossi, titular de la bancada del Frente para la Victoria, dijo haber sido víctima de los gases lacrimógenos al ingresar al Parlamento, que amaneció rodeado de vallas metálicas y custodiado por cientos de efectivos policiales.
La Argentina de Cambiemos no la veíamos desde el 2001. pic.twitter.com/MisO6nLPbk
— ?? (@CasaArgentinaAR) 14 de diciembre de 2017
Las inmediaciones del edificio del Parlamento fueron escenario de escaramuzas entre policías y manifestantes que tiraron piedras y botellas y prendieron fuego contenedores de basura.
Mientras se producían los incidentes el oficialismo intentó iniciar la discusión aduciendo que había conseguido el número necesario de diputados para hacerlo. Rossi sostuvo que el oficialismo nunca tuvo quórum para debatir el proyecto, que supone un recorte en los haberes jubilatorios, pensiones y ayudas para familias pobres a partir de 2018.
La reforma jubilatoria había sido pactada entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y los gobernadores provinciales, a quienes les garantizó financiación para sus deficitarias arcas públicas.
La iniciativa se suma a otros proyectos de reforma tributaria y laboral con los que el gobierno intenta recortar el déficit y que en los últimos tiempos han incrementado el malestar social.
La principal central sindical había anunciado una huelga para el viernes en caso de que la reforma fuera aprobada.
El proyecto tiene como eje central la modificación de la fórmula que establece aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario. En la actualidad las jubilaciones se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. El proyecto contempla que el aumento sea trimestral y se establezca en un 70% por el índice de inflación y el resto por el incremento de los salarios.
El aumento previsto para marzo se calcularía bajo la nueva fórmula, lo cual implicaría un recorte en los haberes respecto del anterior cálculo. Abogados advirtieron que la aplicación retroactiva de este mecanismo es inconstitucional y opositores vaticinaron una catarata de juicios por parte de los jubilados.
Antes de que comenzaran los incidentes, el jefe de Gabinete Marcos Peña había dicho que los cambios no supondrán un recorte ya que contemplan que los haberes estén siempre por encima de la inflación.
Pero la diputada opositora Mirta Tundis cuestionó que "cuando hay un descuento esto nunca más se corrige" y afirmó que el dinero que se ahorraría el gobierno en jubilaciones y otras prestaciones "es para los gobernadores"?.
La legisladora criticó el argumento oficialista acerca de que los haberes van a estar cinco puntos por arriba de la inflación al señalar que ello no será sobre el monto que les correspondería a los jubilados en marzo según el modelo actual sino sobre uno menor producto del ajuste que contempla la iniciativa.
"Para corregir esa pérdida deberían dar un aumento adicional, lo que ningún gobierno va a hacer"?, afirmó.
Expertos sostienen que el sistema previsional argentino es insostenible debido a que no hay suficientes trabajadores que aporten para sostener los haberes jubilatorios por el gran porcentaje de trabajo en negro o ilegal.